El gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, efectivizó el apoyo a la Argentina en la causa YPF. Este viernes se conocieron los argumentos de ese país para presentarse como "amicus curiae" en el caso donde el presidente Javier Milei busca evitar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes tras la expropiación.
El documento presentado en la Justicia norteamericana hace foco en la necesidad de una correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera en virtud de una ley que regula esta cuestión sancionada en Estados Unidos en 1976 (FSIA) y del derecho de usos y costumbres federal de ese país.
“El Tribunal debería suspender la orden de transferencia (de las acciones) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina", señaló el Gobierno estadounidense en su descargo de nueve páginas.
“Estos asuntos pueden tener ramificaciones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otras naciones. El gobierno (de Trump) presenta este memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de la Argentina de una suspensión pendiente de apelación para permitir una presentación ordenada y una resolución adecuada de estas importantes cuestiones", sostuvo el Departamento de Justicia.
Este resplado de Donald Trump se suma a otro que el Departamento de Justicia ya había expresado en noviembre de 2024, cuando presentó una declaración ante la jueza Loretta Preska.
La jueza de Estados Unidos, Loretta Preska, en el caso YPF.
Los principales argumentos para respaldar a la Argentina
Según el texto presentado por la administración de Estados Unidos, el especialista Sebastián Maril señaló que estos son los argumentos para ser "amigo" de la Argentina en la causa:
Estados Unidos tiene un interés diplomático en las cuestiones planteadas en esta apelación.
El Gobierno presenta este escrito como amicus curiae en apoyo del pedido de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación, con el fin de permitir una presentación ordenada de los argumentos y una resolución adecuada de estas cuestiones relevantes.
Los bienes de los estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta frente a medidas de ejecución (FSIA).
No hay indicios de que, al establecer excepciones al FSIA limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero.
Argentina sostiene que, sin una suspensión, podría sufrir un daño irreparable. Si cumple con las órdenes de traspaso y entrega las acciones de YPF a los acreedores en EE.UU., corre el riesgo de perder el control de ese activo
Una suspensión mientras dure la apelación no perjudicará a los demandantes.
La causa YPF
La Justicia de los Estados Unidos le otorgó el pasado martes un respiro temporal a la Argentina en el caso alsuspender la ejecución del fallo que ordena al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.
La Corte de Apelaciones de Nueva York concedió una "suspensión administrativa temporal" (temporary administrative stay) de la "Orden de Entrega" (Turnover Order) que había sido dictada el pasado 30 de junio para que la Argentina transfiera de inmediato los papeles de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El 15 de septiembre de 2023, Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de US$16.000 millones, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a US$17.750 millones.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.
Desde la sentencia emitida en 2023, el Estado argentino presentó una apelación. Sin embargo, la falta de pago o de propuestas de acuerdo derivó en un aumento de la presión por parte de los demandantes. Entre las acciones impulsadas por los fondos, prosperó el pedido de entrega de acciones de YPF actualmente en poder del Estado. Esta solicitud fue avalada por la jueza Preska, lo que abrió la puerta a que otros acreedores presenten reclamos similares. Fuente: La Nación.