La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió ante la comisión de Ambiente del Senado de la provincia de Mendoza la transparencia del proyecto.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió ante la comisión de Ambiente del Senado de la provincia de Mendoza la transparencia del proyecto.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió ante la comisión de Ambiente del Senado la transparencia del proyecto, asegurando que la empresa cumple con la Ley de Administración Financiera y que sus contrataciones están publicadas en el portal oficial.
Impulsa Mendoza Sostenible es una herramienta creada por el Gobierno provincial para promover un desarrollo ordenado del sector minero, impulsando oportunidades económicas y sociales, y facilitando la transición hacia energías alternativas y renovables. Este proyecto también incluye planificación y seguridad jurídica en todas las etapas del proceso.
La iniciativa no solo establece políticas para la explotación de recursos minerales como cobre, hierro, uranio y potasio, sino que también promueve la inversión privada mediante investigaciones, asesoramiento jurídico, estudios ambientales previos e informes sobre la potencialidad de cada región. En 2023, el entonces gobernador Rodolfo Suarez anunció la creación de la empresa con el objetivo de transformar los recursos naturales de la provincia de manera responsable y posicionar a Mendoza como un actor clave en la transición energética, en línea con los objetivos establecidos al rescatar VALE.
No obstante, la implementación de Impulsa Mendoza ha generado dudas en la esfera política. El senador justicialista Félix González solicitó información detallada sobre su funcionamiento.
Durante la discusión en la comisión de Ambiente del Senado, presidida por la senadora Yamel Ases, Latorre explicó que la empresa, a pesar de ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, se rige por principios de concurrencia y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera. La ministra destacó que el procedimiento de contratación de Impulsa Mendoza Sostenible está disponible en su portal web y que las contrataciones deben cumplir con los principios legales correspondientes. Reconoció, sin embargo, que algunos aspectos técnicos y jurídicos podrían no ser plenamente comprendidos por los legisladores, justificando la necesidad de reuniones presenciales para aclarar dudas.
El senador Félix González expresó su apoyo a la minería en Malargüe, pero manifestó preocupaciones sobre el proceso de toma de decisiones y las contrataciones realizadas por Impulsa Mendoza. En particular, cuestionó la selección de la consultora GT Soluciones Integrales para elaborar el informe de impacto ambiental.
La senadora Mercedes Derrache planteó posibles incompatibilidades en la gestión de Impulsa Mendoza, refiriéndose al caso de Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y presidente del directorio de la empresa. Cuestionó la legalidad de esta doble función, sugiriendo que podría violar principios éticos y normativos. En respuesta, Latorre afirmó que no existe tal incompatibilidad, ya que Sánchez Bandini solo percibe un salario como subsecretario y no como miembro del directorio. Además, la ministra alentó la creación de una Ley de buen gobierno para las empresas del Estado, mencionando un proyecto similar que presentó en 2022, aunque lamentó que no haya sido debatido en el Congreso de la Nación.
El senador Valentín González interrogó sobre la posibilidad de que antiguos síndicos de Potasio Río Colorado, ahora parte de Impulsa Mendoza, puedan acceder a información privilegiada que beneficie a ciertos proyectos mineros. Latorre rechazó esta hipótesis, insistiendo en la separación entre la capitalización de la empresa y la información relacionada con los proyectos mineros.
Aprovechando la visita de la ministra Latorre, el senador González también solicitó información sobre el cobro de honorarios de la ministra como directora titular de las acciones Clase B. Se refirió a una nota del gobernador con fecha 29 de abril, que establecía que estos honorarios se destinarían a un programa de fiscalización ambiental en industrias extractivas. La ministra informó que el Ministerio de Hacienda había contestado el pedido de informes, aclarando que los honorarios eran personales y correspondían a su cargo como directora por las acciones del Estado Nacional, excluyendo al Gobernador provincial de cualquier decisión sobre su administración.
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