La presentación judicial describe un presunto patrón de violencia sostenido durante años, que incluye agresiones físicas, abuso y uso del poder para intimidar.
Las claves de la denuncia contra D'Agostino, ex subsecretario de Justicia
GentilezaLa grave denuncia penal presentada contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, por parte de su expareja, reveló detalles de extrema gravedad, incluyendo abuso sexual. Si bien los hechos se remontan al período comprendido entre 2021 y 2024, la denunciante sostuvo que las consecuencias se extendieron hasta el 2025.
En un documento de 40 páginas, la mujer describió una serie de episodios violentos que, según su relato, fueron escalando con el paso del tiempo. A raíz de la acusación, el pasado viernes D’Agostino presentó su renuncia indeclinable, argumentando que su decisión tiene como objetivo "garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia".
No obstante, el escrito judicial detalla delitos graves, entre ellos agresiones físicas, abuso sexual, amenazas y el uso intimidatorio del poder institucional.
Según consta en la presentación, los hechos denunciados no serían episodios aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia que incluyó distintas formas de maltrato: psicológico, físico, sexual, económico y simbólico.
La denunciante relató que la situación comenzó con violencia psicológica, caracterizada por el control constante de sus actividades. Aseguró que el funcionario le exigía acceso a su teléfono celular y redes sociales, además de imponerle condiciones sobre sus movimientos, como el envío de su ubicación en tiempo real.
Asimismo, describió un clima persistente de descalificación, con insultos reiterados y expresiones destinadas a afectar su autoestima y credibilidad
El relato también incluye episodios de humillación y castigo. Entre ellos, mencionó situaciones en las que era expulsada del domicilio durante la madrugada, quedando sola en la vía pública dentro de un barrio privado de Las Heras.
Además, se agregan hechos de violencia material, como la destrucción de su teléfono celular, y episodios en los que D'Agostino le exigía grabaciones de audio con supuestas "confesiones", que luego podrían ser utilizadas en su contra.
Según la denunciante, estas conductas formaban parte de un mecanismo de manipulación destinado a generar dependencia emocional y someterla.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el presunto uso del cargo público para ejercer presión.
De acuerdo con la presentación, el funcionario habría afirmado en reiteradas ocasiones que era "intocable", lo que generó en la mujer un temor constante y la sensación de que no podría recurrir a la justicia.
Además, sostuvo que el acusado hacía alarde de sus vínculos con figuras del ámbito político y judicial, reforzando así la percepción de impunidad
La víctima afirmó que D’Agostino se jactaba de su cercanía con la máxima autoridad provincial, que ponía llamadas en altavoz para exhibir su influencia y que aseguraba que cualquier denuncia "terminaría archivada".
Antes del abuso sexual, una serie de situaciones tuvieron lugar donde el acusado le exhibía material sexual propio o de terceros. Según la víctima, esto le generaba miedo, ya que también podría hacerlo con ella.
La denuncia incluye múltiples episodios de agresiones físicas, con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. Algunas de estas habrían sido advertidas por terceros y registradas fotográficamente.
En paralelo, la mujer afirmó haber recibido amenazas directas, incluyendo expresiones como que la haría "desaparecer", además de advertencias indirectas transmitidas a través de terceros.
El hecho más grave denunciado es un abuso sexual con acceso carnal, que (según el relato) se habría producido en un contexto de violencia previa, amenazas y retención de su teléfono celular, lo que le impedía pedir ayuda o retirarse del lugar.
La denunciante aseguró que manifestó su negativa de manera explícita, pero que el acusado continuó con el acto utilizando fuerza física y aprovechando su estado de vulnerabilidad.
También indicó que situaciones similares se habrían repetido en otras ocasiones, en las que el funcionario iniciaba actos sexuales sin su consentimiento. Con esto, hace referencia a lo que ocurrió en un viaje a Italia, donde tuvo que ocultar las lesiones que le provocó.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar los hechos denunciados y determinar la eventual responsabilidad penal del funcionario.
D’Agostino ocupaba desde 2015 el cargo de Subsecretario de Justicia de Mendoza, un puesto estratégico que articula áreas sensibles del sistema judicial y de seguridad. Además, es representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura provincial y actualmente ejerce como vicepresidente Primero del Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA) para el período 2024–2026.
El funcionario era el "brazo" político del cornejismo en la Justicia provincial, junto al procurador Alejandro Gullé. Hombre de absoluta confianza del gobernador, es uno de los nombres con mayor poder en tribunales. Bajo su gestión se desarrollaron todas las reformas judiciales impulsadas por el radicalismo en los últimos once años.
Esa acumulación de roles, según la denuncia, habría generado un “temor reverencial” dentro del ámbito judicial y profesional, dificultando que la víctima encontrara representación legal.
