El fallo rechazó el amparo y avaló las DIA ratificadas por la Legislatura. La Justicia confirmó que los proyectos solo habilitan exploración, con controles ambientales.
La Justicia rechazó un amparo y habilitó los primeros proyectos mineros en Malargüe. Foto ilustrativa.
La Justicia de Mendoza rechazó la acción de amparo presentada contra los primeros proyectos de exploración minera en Malargüe, y avaló el procedimiento administrativo y legislativo que permitió avanzar con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ratificadas por la Legislatura provincial. Podrán continuar los trabajos de exploración en esa zona del sur provincial.
La decisión fue adoptada por el 3º Tribunal de Gestión Asociada – Tercer Poder Judicial de Mendoza, que desestimó el planteo impulsado por Eduardo Adrián Sosa y la Fundación Cullunche, quienes habían solicitado la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 9.588, norma que ratificó 34 resoluciones de la Autoridad Ambiental Minera vinculadas al Malargüe Distrito Minero Occidental.
En su fallo, el tribunal consideró que la vía del amparo no era procedente, al no existir arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, y remarcó que los actos administrativos cuestionados se encontraban firmes y consentidos.
Además, señaló que los demandantes contaban con otras vías judiciales ordinarias para impugnar el procedimiento, lo que torna improcedente el amparo colectivo.
La jueza María Angélica Gamboa, desestimó esos planteos que planteaban irregularidades procesales y riesgos ecológicos en la aprobación de los proyectos comprendidos en MDMO.
Cabe aclarar que hace un año, la justicia rechazó medida de amparo solicitada por los mismos actores, que solicitaban la suspensión de la ejecución de las 34 Declaraciones de Impacto Ambiental y todas las actividades que las resoluciones habilitan. Los denunciantes argumentaron que los 34 proyectos “ponen en serio riesgo la preservación del patrimonio natural en el Distrito Minero Malargüe Occidental conformado por casi todos los glaciares de la Cuenca del Río Grande y otros bienes” y que “existe un efectivo peligro al equilibrio ecológico del 45% del territorio de Malargüe”.
La resolución también destacó que las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas no habilitan explotación minera, sino únicamente tareas iniciales de exploración, sujetas a estrictos controles ambientales y a futuras evaluaciones si los proyectos avanzan de etapa.
Desde el Gobierno provincial valoraron el fallo como un respaldo institucional al esquema de evaluación ambiental y al marco normativo vigente, en especial a la Ley 7722, que exige ratificación legislativa de las DIA para proyectos de minería metalífera.
De este modo, la Justicia dio luz verde a los primeros proyectos de exploración minera en Malargüe, en una definición clave para la estrategia de desarrollo minero impulsada por la Provincia.
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