El juez federal Martín Cormick estableció la nulidad y los afectados podrán denunciar ante la Justicia Penal. Los detalles de la medida.
La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich
NAEl juez federal Martín Cormick estableció la nulidad del "Protocolo Antipiquetes" que había implementado la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se trata de un amparo colectivo y ahora los afectados podrán realizar la denuncia ante la Justicia Penal.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue la institución que presentó el amparo colectivo y al que el juez Cormick hizo lugar al manifestar "la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1º de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7mo de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
El protocolo de Bullrich establecía que cualquier manifestación que interfiera en el desarrollo normal del tránsito es considerado delito en flagrancia, por lo que las fuerzas de seguridad quedaban habilitadas para actuar y desalojar o dispersar al grupo de protestantes.
El amparo del CELS solicitaba la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes dado que atentaba contra el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión, los cuales están garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos.
La institución expresó a través de la red social X que el protocolo fue implementado "pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial".
"La sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales" - Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"El juez sostuvo que con el pretexto de ordenar el tránsito y darle 'instrucciones a la policía', la resolución se excede tanto que llega a modificar las leyes penales y orgánicas de la Policía porque también modifica leyes procesales", indicó el Centro.
Además, destacaron que en la presentación del amparo participaron sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, entre otros. "Es un triunfo colectivo", expresaron.
El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, también celebró la resolución de la Justicia, pero remarcó que es "un fallo que debió haber llegado antes".
"Son los vestidos de azul, la Policía, los que tienen que caminar por la veredita. Una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y menos aún pretender reformarla. Los ministerios no pueden legislar", manifestó.
Ante la decisión del Juez Federal, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva utilizó sus redes sociales para dejar clara su postura. "Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar", manifestó.
Además, indicó que el Protocolo Antipiquetes tiene "fundamentos técnicos, jurídicos y operativos". "Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", anunció.
Por su parte, Bullrich indicó que el protocolo "fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos". "Recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás", manifestó.
El protocolo implementado por la ahora senadora nacional dejó más de 2.500 personas heridas, según Amnistía Internacional. Según la entidad, "durante 2024 y 2025, en el marco de implementación del Protocolo Antipiquetes, se registraron al menos 2.557 personas heridas de distinta gravedad como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza. Entre ellas, personas que recibieron impactos de balas de goma en la cabeza y el rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física en general".
Uno de los casos más renombrados fue el del reportero gráfico Pablo Grillo, quien cubría una marcha que realizaban los jubilados en reclamo por sus haberes insuficientes, cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, y le provocó una fractura de cráneo.
“En estos dos últimos años la escalada represiva de las fuerzas de seguridad es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó: hoy es naturalizada. Los datos son irrefutables y sus efectos también; su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
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