El Gobierno de Mendoza ordenó recalcular aportes previsionales con dólar oficial y menor interés, y frenó el uso del MEP por parte de la Caja Forense.
Mendoza pone limites al calculo de aportes paralas sentencias en dólares
El Gobierno de Mendoza resolvió un capítulo administrativo menor de la prolongada disputa judicial (que ya tiene sentencia de la Corte local, recurrida en queja ante la Corte Suprema nacional) que enfrenta a los hermanos Zuccardi, al admitir parcialmente un reclamo presentado por José Alberto Zuccardi contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza.
La decisión, formalizada mediante el Decreto Nº 2552, ordena a la entidad previsional dictar una nueva resolución ajustada a derecho y frena, en los hechos, el cobro de aportes a la Caja calculados en base al dólar MEP.
El conflicto se origina en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, dictada en 2024, que hizo lugar a acciones de reducción y simulación interpuestas por María Cristina Zuccardi y condenó a su hermano al pago de más de 12 millones de dólares, más intereses. A partir de ese fallo, la Caja Forense emitió las boletas correspondientes a los aportes previsionales previstos por la ley, equivalentes al 2% del monto del juicio.
La controversia se profundizó cuando la entidad decidió convertir la condena en moneda extranjera utilizando el valor del dólar MEP y aplicar tasas de interés elevadas, amparándose en una resolución interna de su Directorio. Para Zuccardi, ese criterio implicaba una conversión ilegítima que incrementaba de manera desproporcionada la deuda y vulneraba principios básicos del derecho administrativo y tributario. Con esos argumentos interpuso un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo provincial.
El decreto firmado por el Gobernador avaló parcialmente esos planteos. En primer lugar, cuestionó la validez de la normativa interna utilizada por la Caja, al señalar que la resolución contenida en el Acta Nº 1214 nunca fue publicada en el Boletín Oficial, requisito indispensable para que una norma de alcance general tenga ejecutividad frente a los ciudadanos. Esa omisión, sostuvo el Ejecutivo, afecta el principio de seguridad jurídica.
En segundo término, el Gobierno provincial estableció que los aportes previsionales tienen naturaleza tributaria o parafiscal, por lo que su determinación debe ajustarse estrictamente al principio de reserva de ley. Bajo esa interpretación, descartó la aplicación de un tipo de cambio libre como el MEP y ordenó que la liquidación se realice utilizando el dólar oficial del Banco Nación. Además, fijó una tasa de interés del 5% anual, rechazando las tasas activas más elevadas pretendidas por la entidad.
La intervención del Ejecutivo en un tema administrativo menor para lo que es la causa en realidad tiene importancia a nivel general, ya que encauza el modo en que deben calcularse los aportes derivados de una sentencia en dólares en cualquier tipo de juicio y pone freno a las políticas abusivas que varias entidades ponen en práctica para garantizar sus cajas.