El Senado de Nación rechazó este jueves el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, completando el proceso iniciado en Diputados y dejando firme la norma. Se trata del primer rechazo legislativo a un veto presidencial desde el inicio de la gestión libertaria. Con 63 votos positivos y 7 negativos.
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Presidida por Bartolomé Abdala, dado que Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo mientras Milei se encuentra fuera del país, la sesión se desarrolló tras un acuerdo previo entre los distintos bloques. La definición del rechazo definitivo del veto ya se preveía tras la insistencia en Diputados el pasado 20 de agosto, donde el oficialismo está más cómodo numéricamente.
¿Qué establece la ley de emergencia en discapacidad?
Esta ley declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
En ese marco, la ley faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas urgentes, tanto legislativas como administrativas, para responder a las necesidades del sector.
Entre los puntos principales, se destacan:
Financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo una nueva figura: la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Este beneficio podrá ser compatible con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, y será gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad.
Compensación económica de emergencia para prestadores de servicios del sistema de atención integral, con actualizaciones de aranceles vinculadas al índice de movilidad jubilatoria. Se reconoce además la función social de estos prestadores como servicios de interés público nacional.
Régimen especial para prestadores, con condonación de deudas, refinanciación impositiva y garantías de sostenibilidad financiera para evitar cortes en las prestaciones.
Fortalecimiento del empleo protegido: se actualiza el monto del estímulo mensual previsto en la ley 26.816 y se facilita el ingreso de personas con discapacidad al Régimen Federal de Empleo Protegido. Además, los empleadores que contraten personas con discapacidad accederán a exenciones del 50% en las cargas patronales por tres años.
Reformas normativas clave, como la redefinición legal del concepto de discapacidad con base en el modelo social, la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y la reorganización de los mecanismos de auditoría médica y socioeconómica, con garantías de transparencia y accesibilidad.
Participación activa de las organizaciones representativas, a través de mecanismos institucionales de consulta con personas con discapacidad y prestadores del sistema.
Obligación de rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la ejecución presupuestaria, la cantidad de beneficios otorgados, los pagos realizados y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
