Con proyectos en marcha en el Sur, un senador provincial advierte que el marco normativo actual limita la llegada de inversiones en un sector clave para la transición energética.
Piden modificar el marco normativo para alentar inversiones por el litio.
En medio del avance de proyectos para explorar litio en el sur de Mendoza, el senador provincial del PRO Martín Rostand salió a defender el desarrollo minero y reclamó cambios en la ley 7722, al considerar que hoy limita la llegada de inversiones.
El legislador sanrafaelino planteó que la provincia tiene “una oportunidad histórica” en el marco de la transición energética global y advirtió que podría perderla si no adapta su marco normativo.
Rostand vinculó el debate local con el escenario internacional y sostuvo que “la transición energética global dejó de ser un titular para convertirse en un factor que redibuja el mapa geopolítico”.
En ese contexto, remarcó el potencial del país y de Mendoza: “Argentina alberga el 9% de las reservas mundiales de litio” y la demanda global seguirá en alza, impulsada por el crecimiento de los vehículos eléctricos. “Argentina puede liderar esa ola o verla pasar desde la tribuna”, advirtió.
El senador puso como ejemplo proyectos en marcha en el sur provincial, donde empresas internacionales y firmas locales avanzan en esquemas de exploración conjunta, una dinámica que consideró clave para el desarrollo del sector.
Según explicó, el desarrollo del litio se basa en una articulación entre actores con perfiles distintos. “Las empresas exploradoras internacionales ponen el capital y la experiencia técnica, mientras que las locales aportan el conocimiento del territorio y los mineros”, señaló.
Para Rostand, se trata de “una combinación ganadora que no se puede improvisar ni decretar desde una oficina”, sino que responde a la lógica del mercado global.
En esa línea, subrayó que el sector concentra gran parte de los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que refleja el interés que genera.
Uno de los ejes centrales de su planteo fue el cuestionamiento a la normativa vigente en Mendoza. “Pretender que las empresas vengan a invertir exige reglas de juego claras”, afirmó.
En particular, apuntó contra la ley 7722 y sostuvo que la prohibición de sustancias como el ácido sulfúrico “merece una lectura más inteligente”. “Prohibirlo sin ninguna consideración no es una política ambiental: es una señal ideológica y de atraso”, expresó.
También cuestionó el tratamiento de otras sustancias y planteó que la discusión debería basarse en evidencia científica y no en prohibiciones generales.
Rostand además puso el foco en los mecanismos de control y cuestionó la intervención legislativa en los proyectos mineros. “No existen en el mundo declaraciones de impacto ambiental que deban ser ratificadas por un órgano legislativo”, aseguró.
Según explicó, los procesos actuales ya incluyen evaluaciones técnicas, participación de organismos especializados y audiencias públicas, por lo que la intervención política “no agrega control técnico” y genera incertidumbre para los inversores. “Para un inversor, eso es puro riesgo regulatorio”, advirtió.
El legislador insistió en que el desarrollo del litio depende de una articulación entre capitales internacionales y actores locales, y que esa sinergia puede convertirse en un motor económico para la provincia.
Sin embargo, alertó que la “ventana de oportunidad” tiene competidores globales y un horizonte limitado en el tiempo.
En ese marco, planteó la necesidad de discutir cambios en la normativa vigente: “Tenemos la geología, la base jurídica y el capital humano, pero necesitamos revisar la ley 7722”.
Y concluyó: “Hoy espanta inversiones, no agrega protección ambiental real y somete decisiones técnicas a voluntades políticas inciertas”.
