Legislatura Mendoza

Incentivos y videovigilancia: avanza el paquete de Seguridad en Mendoza

En Diputados se le dio sanción inicial a dos proyectos. Cómo ha avanzado el paquete de Seguridad en la Legislatura: qué se aprobó y qué falta.

En búsqueda de lograr un trabajo más veloz en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza, una medida del "Paquete de leyes de Seguridad" tuvo despacho favorable y otra, sanción inicial. Cuáles ya tienen carácter de ley y cuáles cuentan con sanción inicial.

Durante el martes, dos proyectos tuvieron despacho favorable y comenzaron a tratarse: la utilización de videovigilancia en espacios públicos y los incentivos a profesionales que trabajan en la misma cartera. Ambas se trataron este miércoles y lograron la sanción inicial.

Hasta el momento hubo tratamiento de seis proyectos:

  • Juicio por jurado (convertida en ley el martes en el Senado)
  • Compra venta de bienes usados (sanción inicial)
  • Seguridad vial (sanción inicial)
  • Código contravencional (sanción inicial)
  • Orden del Día Local (sanción inicial)
  • Modificación a la Ley que regula el Régimen de la Policía de Mendoza (sanción inicial)
  • Regulación de la videovigilancia (sanción inicial)
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Incentivos "para que no se vayan" del Ministerio

El proyecto de Ley de Enrique Thomas (PRO), obtuvo este miércoles sanción inicial. Mediante el mismo se busca modificar el Régimen de la Policía de Mendoza a efectos de otorgar incentivos a aquellos profesionales que se desempeñen en áreas informáticas del Ministerio de Seguridad.

Según explicó Thomas, la iniciativa “nace del análisis del contexto de los últimos tiempos, sobre todo en mi paso por el Ministerio de Seguridad de la Nación".

"Cada vez que se hablaba de desarrollar un programa informático relacionado a la seguridad, nos encontrábamos con el mismo problema. Se conformaban los equipos en el área respectiva de desarrollo informático donde había una infinidad de programas, empezaban bien, pero a los tres o cuatro meses, se iban los informáticos y quedaban todos los programas incompletos y había que empezar de nuevo ante la incorporación de nuevos especialistas de software”.

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Por lo general, esto pasaba por una cuestión salarial. Las grandes empresas de desarrollo de software, esperaban que estos jóvenes se especializaran, y una vez que pasaban algunos meses, se los llevaban con ofertas salariales muy superiores. Esto fue permanente en mi paso por el Ministerio de Seguridad de la Nación y ya en Mendoza, vi que sucedía lo mismo”, comentó.

En esa línea, sostuvo que cuesta “consolidar un equipo de desarrollo de software y sistemas que se transforman en elementos cada vez más importante en materia de seguridad. De allí la necesidad de impulsar este proyecto, para dar incentivos a la permanencia de estos perfiles en el Ministerio de Seguridad y también para que pudieran tomar estado policial. Porque ellos, no pueden participar abiertamente en una investigación por no tener estado policial”.

Videovigilancia

Durante el martes 18, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales dio despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se regula el uso de videocámaras, una de las iniciativas que forman parte del paquete de leyes de seguridad. Este miércoles también se aprobó en Diputados y se giró al Senado.

Tiene por objeto, según el articulado, “la regulación de la utilización de videocámaras para grabar o captar imágenes y datos en lugares públicos, abiertos o cerrados, con o sin asistencia de inteligencia artificial y el posterior tratamiento de las imágenes y datos que se obtengan de las mismas”.

Además, se señala que “el tratamiento de las imágenes y datos tiene por finalidad propender a la seguridad pública, asegurando la convivencia y utilización pacífica de los espacios públicos, contribuyendo a la instrucción, coordinación y colaboración en la prevención e investigación de ilícitos, contravenciones y delitos, estableciendo las garantías para la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía”.

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Entre otros aspectos, dispone que la utilización de videocámaras y de los sistemas a que refiere la Ley, se justificará a los efectos de contribuir a la convivencia ciudadana pacífica y el orden público; la prevención general de ilícitos, contravenciones y delitos; la constatación de ilícitos, contravenciones y delitos; la identificación de personas con pedidos de captura y demás medidas judiciales incorporadas a los sistemas de alarma vinculado, y la identificación de vehículos con medida judicial.

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Por otra parte, deja establecido que “la utilización de videocámaras y los sistemas asociados, estará regida por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima intervención, debiendo ponderarse en cada caso la finalidad y los objetivos de esta ley”.

De igual manera, estipula que las videocámaras “sólo podrán emplearse para el mantenimiento y preservación de la seguridad pública y demás fines previstos en esta ley. En cada caso deberá mediar razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación de derechos consagrados constitucionalmente”.

En ese sentido, aclara que no se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes o datos “del interior de propiedades privadas salvo consentimiento expreso del titular, legítimo poseedor o autorización judicial”; o “cuando se afecte de forma directa y grave la intimidad de las personas, no obstante estar situada en espacios públicos”.

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