El Senado convirtió en ley el régimen de flagrancia. La reforma apunta a agilizar causas penales y dar respuesta a un sistema que detecta delitos pero no siempre logra condenar.
El Senado sancionó la flagrancia. La ley apunta a acelerar causas penales y reducir la brecha entre detención y condena.
Foto: Cristian LozanoEl Senado convirtió en ley el régimen de flagrancia, que busca acelerar las causas penales para aquellos delincuentes que fueron captados in fraganti o donde el delito es muy evidente. El cambio apunta a resolver un problema: la distancia entre la detección del delito y la resolución efectiva por parte de la justicia, la condena.
Este cambio se da en un contexto en el que Mendoza viene avanzando de manera sostenida en la incorporación de tecnología para seguridad. La incorporación de cámaras, centros de monitoreo y sistemas de alerta permitió mejorar la capacidad de detectar delitos en tiempo real y actuar con mayor rapidez. Sin embargo, ese avance dejó expuesto una realidad: la respuesta judicial no siempre acompaña ese ritmo.
Pero, aún hay otra discusión pendiente: los tiempos de las condenas establecidos en el Código Penal para los delitos comprendidos en la flagrancia, que suelen ser de pocos meses o años.
El régimen de flagrancia aprobado por el Senado este martes introduce modificaciones en el proceso penal con el objetivo dereducir los tiempos entre la detención y la resolución de una causa. La iniciativa fue aprobada por 27 votos a favor y 7 en contra, y ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo.
La propuesta forma parte de un conjunto de reformas promovidas desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, orientadas a optimizar el funcionamiento del sistema penal. La lógica es intervenir en aquellos casos donde el delito es evidente, ya sea porque la persona es sorprendida cometiéndolo, detenida inmediatamente después o existen pruebas directas que permiten reconstruir lo ocurrido sin necesidad de investigaciones prolongadas.
En ese tipo de situaciones, la ley habilita un procedimiento más ágil, con audiencias rápidas y plazos más breves para avanzar hacia una definición judicial. Esto implica una reorganización del trabajo de fiscales, defensores y jueces, que deberán adaptarse a un esquema más dinámico, orientado a resolver en días lo que en muchos casos hoy puede demorar semanas o meses.
Mientras el proceso ordinario está pensado para casos complejos que requieren investigación, la flagrancia se enfoca en hechos de resolución más directa, donde la evidencia está disponible desde el inicio. La apuesta es que esa diferenciación permita optimizar recursos y evitar demoras innecesarias.
Cabe aclarar que la flagrancia ya está vigente en Mendoza, pero este proyecto busca una reorganización interna del Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá conformar equipos especializados para el impulso, litigación y soporte técnico de las causas de flagrancia, con dedicación exclusiva y formación específica. Además, promete lograr que la Suprema Corte y los organismos de gestión adecuen sus protocolos y turnos para asegurar que los plazos previstos en la ley se cumplan efectivamente en toda la provincia.
Uno de los ejes centrales detrás de la aprobación de esta ley es la necesidad de cerrar la brecha entre la acción policial y la respuesta judicial.
Ese desfasaje es el que alimenta la idea de “ puerta giratoria ”, una percepción extendida en parte de la sociedad que asocia la detención con una rápida recuperación de la libertad sin consecuencias claras. Si bien el fenómeno tiene múltiples causas —procesales, estructurales y también vinculadas a garantías legales—, la demora en los tiempos judiciales es uno de los factores clave.
Con la nueva ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, cuando se configure una situación de flagrancia, el caso ingresará en un circuito procesal específico. Esto implica que la persona detenida deberá ser llevada rápidamente ante un juez, en audiencias que se desarrollarán en plazos mucho más acotados que los actuales. Allí se definirá la situación procesal y se avanzará hacia una resolución en tiempos breves.
El esquema prevé una mayor concentración de actos procesales en menos tiempo, lo que obliga a una coordinación más estrecha entre los distintos actores del sistema judicial.
La oralidad y la inmediatez pasan a ocupar un rol central, con el objetivo de evitar dilaciones que no aportan a la resolución del caso.
Pero, el desafío es que la implementación del régimen requerirá ajustes organizativos y recursos adecuados.