El Concejo Deliberante de Malargüe avanza en un proyecto para crear un registro de infractores del orden público que permitirá aplicar el Derecho de Admisión en eventos públicos y privados. La iniciativa busca impedir el ingreso de personas sancionadas por hechos de violencia a espectáculos deportivos, culturales y sociales del departamento.
En el seno del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe comenzó a tomar forma una iniciativa impulsada por el edil radical Pablo Villarruel que apunta a endurecer las medidas preventivas frente a episodios de violencia registrados en distintos acontecimientos públicos.
Proyecto para prevenir hechos violentos en Malargüe
El proyecto propone la creación de un registro de infractores del orden público, herramienta que permitiría aplicar el Derecho de Admisión a personas involucradas en disturbios, agresiones o hechos contravencionales, con el objetivo de impedir su ingreso a futuros eventos masivos, tanto públicos como privados.
La propuesta ya comenzó a ser analizada por el cuerpo deliberativo y, según trascendió, cuenta con amplio respaldo dentro del Concejo. Además, en la elaboración de la futura Ordenanza participa la jueza Contravencional de Malargüe, María Paz Zabalegui, quien asesora sobre los aspectos jurídicos y de aplicación práctica que deberá contemplar la normativa.
La iniciativa tomó mayor impulso luego de diversos hechos de violencia que generaron preocupación en la comunidad malargüina, algunos de ellos ocurridos durante los festejos por el Día del Departamento, el pasado 16 de noviembre, donde se registraron incidentes en pleno centro de la ciudad y que derivaron en imputaciones judiciales. También se sumaron otros episodios protagonizados en locales bailables y eventos nocturnos.
Desde el Concejo Deliberante consideran que el trabajo articulado entre los tres poderes del Estado a nivel local será fundamental para garantizar el funcionamiento del registro y su efectiva implementación.
La futura normativa establecería que, al momento de autorizar espectáculos públicos o privados, la comuna deberá contemplar este listado dentro de los planes de contingencia y seguridad presentados por los organizadores. Allí podrían figurar hombres y mujeres procesados o sancionados en el marco del Código Contravencional de Mendoza, buscando prevenir nuevos hechos que alteren la convivencia social y empañen celebraciones comunitarias.