Estatuto del Empleado Público: gremios adelantaron que irán a la Corte y continuarán con medidas de fuerza

"La señora Hebe Casado, que se formó en la Universidad Pública, que tuvo que hacer la residencia en un hospital público, ahora vota esta reforma laboral que lleva a la privatización de la salud. Sí hay cómplices, acá los tienen. Estos son todos radicales que votaron en contra de la clase trabajadora, en contra de la sociedad mendocina, en contra de los discapacitados, en contra del presupuesto de la universidad, en contra de la salud", declaró Iranzo.

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Foto: Yemel Fil

Desde ATE, señalaron: "Hay que seguir luchando como vamos a seguir luchando para la apertura de paritarias, porque los trabajadores hoy día se están cagando de hambre y Cornejo sigue reformando el Estado. No hemos perdido. Él perdió, perdió la dignidad, perdió el poder, perdió el totalitarismo. Hoy día se le puso un parate, por más que haya salido o no haya salido una ley".

"Lo que se votó fue inconstitucional. ATE va a utilizar todas las herramientas legales para poner la inconstitucionalidad que hay que poner sobre la Corte, a seguir a todas las instancias, hacer las denuncias que corresponden. Vamos a seguir estando en la calle. Hay que pedir jury", afirmó Macho.

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Foto: Yemel Fil

Qué dice el proyecto aprobado

El oficialismo justificó la reforma en la necesidad de actualizar un marco normativo de más de 50 años, adaptándolo a las restricciones presupuestarias, criterios de responsabilidad fiscal y a la jurisprudencia vigente.

• Simplificación y actualización de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73. Allí se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
• Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”, recogiendo la jurisprudencia que reconoce a este sector una estabilidad impropia, similar a la que otorga la Ley de Contrato de Trabajo, aunque sin equipararse plenamente a la de los agentes de planta permanente.
• Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.
• Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
• Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.
• Modificación de las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
• El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
• Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.

La reforma, según el Gobierno busca modernizar el marco legal, "adaptándolo a las necesidades actuales del empleo público y a los criterios establecidos por la Justicia".