El Gobierno Nacional busca consolidar un tercio de votos en al menos una de las cámaras para impedir que el Congreso insista con las normas aprobadas.
Tras la sanción de las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, el Gobierno Nacional a través del presidente Javier Milei ratificó su decisión de vetarlas y abrió un complejo frente político para el oficialismo. El Ejecutivo evalúa tres estrategias posibles: sostener el veto y resistir en el Congreso, judicializar la sesión para ganar tiempo, o intentar recomponer vínculos con algunos gobernadores para evitar nuevas derrotas.
El veto presidencial, atribución constitucional del Ejecutivo, será el primer paso. El Gobierno busca consolidar un tercio de votos en al menos una de las cámaras para impedir que el Congreso insista con las normas aprobadas. La experiencia del veto a la movilidad jubilatoria en 2024 mostró que, con alianzas puntuales y ausencias opositoras, es posible sostener la objeción presidencial.
Si el Congreso lograra los dos tercios para ratificar las leyes, el Gobierno evalúa acudir a la Justicia con el argumento de irregularidades en el procedimiento legislativo. Esta vía es cuestionada por constitucionalistas, que advierten que no hay base legal para impugnar el proceso una vez superadas las mayorías reglamentarias.
Por otra parte, el Ejecutivo intentará recomponer su relación con los gobernadores, claves en la votación de proyectos que afectan la caja nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó el tono de la confrontación y deslizó que “siempre hay margen para el diálogo” y que no todos los mandatarios provinciales son iguales en su administración de los fondos.
El desenlace de la puja marcará no solo el futuro inmediato del paquete fiscal y previsional, sino también la capacidad política del oficialismo para sostener su programa en un escenario de minoría parlamentaria y creciente tensión institucional.
Fuente: NA