El defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, ocupa su cargo a pesar de que el mismo lleva más de cuatro años vencido.
El defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, ocupa su cargo a pesar de que el mismo lleva más de cuatro años vencido.
El mandato al que accedió González en 2013 se terminó en 2018, pero recién en 2019 se buscó elegir a alguien que lo suceda. Ese año comenzó el conflicto que, hasta el momento, no se resuelve.
Para poder renovar el puesto, la ley 8345 exige que los dos tercios de la Asamblea Legislativa (es decir, ambas cámaras en conjunto) aprueben a quien se postule. Antes de esto, las comisiones de desarrollo social deben elevar cinco nombres y una orden de mérito para que sean escogidos/as.
En 2019, se habían candidateado once personas y la dupla por la que optó el oficialismo no era la que había quedado en primer lugar con mejores antecedentes.
La orden de mérito había dejado al ex funcionario del gobierno de Francisco Pérez, Germán Ejarque, en primer lugar (87,9 puntos); seguido por Andrea Mohammad (87,6 pts.); Juan Carlos González, identificado con el radicalismo (80,8 pts.); Alejandro Ontiveros (75,92 pts.) y José Luis Beccaría (74,92 pts.).
Al momento de la votación, Ejarque y González habían quedado con 42 votos cada uno y, tras un escándalo en la Legislatura, se suspendió el recambio de autoridades, por lo que González y Mohammad (que era defensora adjunta) siguieron en sus cargos.
La “solución” del radicalismo parecía haber llegado en 2020, cuando presentó un proyecto para modificar la ley. El objetivo de la misma era que el postulante pudiera llegar al cargo con el respaldo de la mayoría simple del Senado, por lo que no iba a necesitar del consenso con la oposición.
La propuesta no prosperó y ya perdió estado parlamentario luego de ser criticado por algunas asociaciones civiles y enviado de regreso a comisiones, por lo que no hay en el horizonte una iniciativa que remedie el conflicto.