El informe final sobre la criptomoneda LIBRA señala pérdidas masivas, vínculos previos y presunta responsabilidad presidencial en la maniobra.
La Comisión que investiga el proceso de la criptomoneda LIBRA firmó su dictamen
La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda LIBRA, constituida en la Cámara de Diputados de la Nación, concluyó sus tareas con un informe final que advierte una gravedad institucional sin precedentes. El documento recomienda que el Congreso evalúe si el presidente Javier Milei incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, a raíz de su rol en la promoción del token.
La comisión, creada el 8 de abril de 2025, examinó las circunstancias que rodearon la difusión del token $LIBRA, presentado por el mandatario como una herramienta de inversión destinada a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Horas después pretendió desligarse pero era tarde .Los especialistas determinaron que se trataba de una memecoin diseñada para un esquema fraudulento del tipo rug pull, o “tirón de alfombra”. La brecha entre la funcionalidad real del criptoactivo y su presentación pública fue interpretada como un presunto “ardid y engaño”.
Uno de los elementos centrales del informe es el origen del número de contrato del token, que Milei publicó el 14 de febrero de 2025. Según los expertos, esa información no estaba disponible públicamente antes de su difusión. La falta de una explicación presidencial alimenta la hipótesis de un vínculo previo con los desarrolladores del token.
A esto se suman los datos aportados por exchanges internacionales como Binance, Gate.io y OKX, donde se verificaron transferencias de fondos y vínculos económicos directos entre los principales involucrados -Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales-. Los montos y las fechas coinciden con un presunto acuerdo para monetizar la imagen presidencial, señala el informe.
Javier Milei con el creador de la criptomoneda LIBRA, Hyden Davis
El caso LIBRA no aparece como un episodio aislado. La comisión detectó un patrón de conducta previo en iniciativas como CoinX -empresa posteriormente allanada por estafa- y el juego digital Vulcano, creado por Novelli. También se destacó la promoción presidencial de la moneda digital KIP en diciembre de 2024, cuyo valor cayó abruptamente tras su difusión pública. Para los investigadores, estos antecedentes revelan un modus operandi repetitivo, orientado a evadir los controles institucionales del Estado.
El impacto económico de la maniobra fue significativo: 114.410 billeteras virtuales sufrieron pérdidas, en contraste con la afirmación presidencial de que solo un grupo reducido de especialistas habría participado. El exchange Ripio informó que 1.329 usuarios argentinos operaron el token en su plataforma.
El informe también señala la ausencia de debida diligencia por parte del Poder Ejecutivo. El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que no hubo evaluación técnica o jurídica previa antes de la promoción de $LIBRA, dado que el presidente consideró la propuesta “una buena idea” y avanzó sin intervención de organismos especializados.
La comisión denunció además una obstrucción sistemática durante el proceso parlamentario. Ni el presidente Javier Milei ni la secretaria general Karina Milei -quien autorizó el ingreso de los promotores de LIBRA a la Casa Rosada- respondieron a los requerimientos. Tampoco colaboraron la Oficina Anticorrupción, la CNV, la UIF ni la Unidad de Tareas de Investigación.
En paralelo, la investigación penal por estafa y cohecho avanza en la justicia argentina. En Estados Unidos, la jueza federal de Nueva York Jennifer Rochon afirmó en octubre de 2025 que los fondos ilícitos generados por LIBRA “podrían ser” propiedad de Javier Milei o su hermana, lo que elevó el nivel de preocupación institucional.
Ante la falta de cooperación de autoridades judiciales para asegurar comparecencias, la comisión presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema. Además, decidió denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que, a su juicio, entorpecieron la investigación. La documentación reunida fue remitida al Juzgado Federal N.º 8 y a la Fiscalía N.º 3.
