El presidente, Javier Milei presentó anoche un DNU con vigencia hasta finales de 2025.
El Presidente Javier Milei se arrogó una facultad tan extrema y tan prolongada, como dudosa en cuando a su necesidad y urgencia. Es que deja sin efectos desde Leyes hasta Códigos, justificando todo en una situación de supuesto peligro que proféticamente la prolonga por dos años.
Es como si un médico clínico decidiera directamente enviar a terapia intensiva a un paciente que ciertamente requiere de tratamientos y quizá de cirugía a cargo de distintos especialistas, pero no de un coma inducido.
Sí, Argentina está en una situación económica y social que debe ser corregida; pero quizá mejor es asomar con semejantes cambios respetando más claramente los pasos constitucionales: siempre es más sano atender a la premisa de que una Ley sólo se modifica con otra Ley… no con un decreto.
La división de poderes, mal que le pese a los enemigos de la casta, tiene raíces mucho más profundas que blandir motosierras a través de un DNU. La historia de los pueblos da cuenta de que arrogarse capacidades que el soberano delega en el Ejecutivo, algunas; en el Legislativo, otras; y en el Judicial las restantes, tiene mucho de retrógrado despotismo.
¿Cuál es la necesidad y la urgencia de hacer que los clubes de fútbol se transformen en sociedades anónimas?
¿Puede ser tan fácil usar un simple borrador presidencial de un economista para dejar sin efecto artículos de un Código Civil recientemente modificado tras varios años de estudios por parte de especialistas de alta capacidad jurídica, como la mendocina Aída Kemelmajer?
¿Acaso la regulación de la actividad vitivinícola no tiene una raigambre económica e industrial con demasiadas variables de fino estudio y debate, para protección de precios, porcentajes destinados a mosto y/o prevención de adulteraciones a cargo de un poder de policía del INV, hoy anulado de manera casi completa?
Que el Congreso no ha sabido solucionar el desastre de la Ley de Alquileres, sí, está claro. Y ahí, es difícil secarle la pluma al DNU de Milei.
Que la intermediación de las obras sociales, quedándose con un porcentaje de las derivaciones que los usuarios de prepagas les derivaban, tiene también como objetivo el debilitamiento del, a veces, exagerado poder de los sindicatos, es parte de una regla de competencia ideológica entre lo que representa el liberalismo gobernante y las fuerzas gremiales, y hay que entenderlo.
En este mismo sentido transitan las claras limitaciones que se le imponen al derecho de huelga, y particularmente al poder de fuego y paralización que tenían los Moyano, por ejemplo.
Pero, ¿es tan necesario dejar ya mismo sin efecto la norma que restringe la venta de campos a extranjeros?
Se puede entender que la educación sea declarada un servicio esencial, para garantizar que no dejen sin clases a los chicos, como hacer lo propio con el servicio de transporte aéreo, para impedir los paros en los aeropuertos, todas cuestiones que generan un malestar social.
Pero, ¿acaso era necesario poner nombre y apellido, ElonMusk, para explicar a quién quiere favorecer con la desregulación del servicio de internet? ¿No será mucho?
Son todas cuestiones discutibles; lo que no se puede debatir, sin embargo, es que todo se ha hecho con un DNU cuando no existen “circunstancias excepcionales” que justifiquen su uso, y que son la condición sine qua non que expresamente señala el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna.
Esas circunstancias sólo surgen cuando es imposible seguir los pasos ordinarios para sancionar una ley. Ahí está la gran contradicción de Milei: decir que necesita de este tipo de decretos del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que anuncia que va a pedir sesiones extraordinarias del congreso e invita a los diputados y senadores a aprobar normativas que entiende que necesita el país.
A ver: si el Presidente utiliza un Decreto de Necesidad y Urgencia para cambiar leyes y códigos con su sola firma, ¿para qué les pide a los legisladores que vayan a trabajar horas extras?
Ni los militares se atrevieron a tanto, dijo el constitucionalista Daniel Sabsay, palabra seria en esta materia.
Es que hay un avasallamiento histórico sobre el Poder Legislativo, desde un presidencialismo absolutista que ni siquiera ha reparado que este tipo de decretos del Ejecutivo de ninguna manera pueden versar sobre materias tales como lo tributario o lo penal, por ejemplo.
Queda claro que Milei se llevó puesta a la casta porque no tienen los políticos licencia social, y, en cambio, el mandatario se siente con permisos especiales. Pero una cosa es el aroma electoral de un triunfo tan cercano y otra muy distinta son los vientos de cambio devenidos en tormentas antijurídicas.
Si el Poder Legislativo se animara, tiene herramientas para dejar sin efecto lo sucedido el martes: porque el DNU debe ser presentado por el Jefe de Gabinete a la Comisión Bicameral, que no puede demorar más de dos semanas en emitir despacho.
Pero, Milei, que sabe que en el Congreso se lo pueden derogar, apuesta a que su vigencia quedará ratificada no por legalidad, sino por la legitimidad de la que carecen los legisladores.
La última ratio judicial en la Corte, es harina de otro costal.
El problema principal es que todo lo que anoche dispuso el actual mandatario puede ser borrado con otro DNU cuando llegue el próximo. Y así Argentina volverá a dejar la gran duda a los inversores internacionales que pretende captar Milei: la reiterada inseguridad jurídica de un país que vuelve a estar en terapia intensiva política y social.