La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció esta tarde un “acuerdo” para tratar mañana la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.
Patricia Bullrich anunció un acuerdo para tratar mañana una reforma laboral con 28 modificaciones consensuadas, tras meses de trabajo con la UCR, el PRO y partidos provinciales.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció esta tarde un “acuerdo” para tratar mañana la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.
“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.
En conferencia de prensa, agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.
“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.
En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
“Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.
Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.

