Las detenidas serán alojadas en el complejo penitenciario de Cahceuta
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Pasadas las 14.30 salieron de San Rafael hacia la U32 en Mendoza, las cuatro mujeres sanrafaelinas detenidas en la causa por las pensiones de invalidez truchas, acusadas de formar parte de una asociación ilícita integrada por al menos nueve personas, entre ellas médicos y abogados de reconocidos nombres en el sur provincial.
La causa lleva más de tres meses de investigación, y ayer pasaron los imputados por el Juzgado Federal a cargo de Eduardo Puigdéngolas, para ser anoticiadas de la imputación en su contra, y ponerse a su disposición la posibilidad de prestarse a declaración indagatoria, en la que suelen abstenerse hasta tanto se conozcan las pruebas en su contra.
En efecto, estas mujeres, y los demás acusados, deben esperar ahora el levantamiento del secreto de sumario dispuesto por el magistrado hasta después de la feria judicial, según fuentes extraoficiales.
Se sabe que hasta el momento las detenidas son las empleadas administrativas del hospital público provincial, Teodoro Schestakow, y quien se entiende que es la jefa de la banda, Norma Bravo, una gestora de trámites de esta naturaleza que, cubierta por un gorro de su campera, intentó evitar las cámaras de Medios Andinos al momento del traslado de hoy.
Una de las mujeres detenidas nos dijo antes de ingresar al patrullero de la Policía Federal: “No he hecho nada y nos están tratando como si fuéramos delincuentes, y no he hecho absolutamente nada”.
En principio, serán alojadas en la U32 del Palacio Judicial Federal de la ciudad de Mendoza, y posteriormente trasladadas hasta el complejo Penitenciario Federal N° 6.
El caso tuvo un procedimiento acelerado esta semana, cuando “una de las escuchas telefónicas reveló que una de las involucradas se comunicaba con otro integrante de la banda para avisar que tuvieran cuidado porque entendían que estaban siendo investigados”, reveló otra fuente a este medio.
En tanto, también aseguró que serían al menos una veintena de casos testigos que también habrían sido descubiertos en una investigación paralela en Buenos Aires, y que habrían motivado la notificación a los tribunales de San Rafael.
Por lo pronto, son estas cuatro las mujeres detenidas: la citada Norma “Mamá” Bravo, Claudia Bustos, Sonia del Carmen Rodríguez y Silvia Alejandra Villar; pero están siendo investigados otros profesionales, como el traumatólogo Javier Hernández, el psiquiatra Damián Fernández y el abogado Ernesto Ochoa.
