Insólito

San Rafael: anularon un juicio porque el abogado defendió mal a su cliente

La decisión de anular el juicio la tomó la Jueza María Eugenia Laigle en un hecho inédito en los tribunales de San Rafael.

Por Cristian Pérez Barceló

En un hecho inédito en los tribunales del sur de Mendoza, un juicio fue anulado porque un abogado no actuó de manera eficaz y dejó a su cliente ante la posibilidad de ser condenado a 10 años de cárcel sin uso de su herramienta constitucional del ejercicio de la defensa.

La decisión la tomó la Jueza María Eugenia Laigle al notar que el abogado defensor ni interrogó a los testigos, ni presentó alegatos congruentes y hasta se dio el lujo de pedir un día más para estudiar el caso, pero al hacer los alegatos sólo usó 8 minutos en los cuales no valoró las pruebas y hasta presentó algunas que ni siquiera habían formado parte del debate.

La inaceptable actuación del profesional, llevó a la magistrada a decir que “la decisión que he adoptado, la verdad es que es algo muy grave, pero me veo obligado a tomarla, adoptarla porque considero que la presentación de alegatos que hizo el señor Defensor, puso en evidencia, patentizó que la defensa técnica no está actuando de manera eficaz, de manera efectiva. Y eso pone en riesgo la validez de este juicio y la justicia de la decisión que se adopte al momento del dictado de la sentencia”.

Laigle reveló que “ya durante el juicio, advertí cierta pasividad, cierta desidia; pero ya cuando el abogado presentó sus conclusiones, caí en la cuenta o confirmé de que, en realidad, no se trata de una estrategia adoptada de manera responsable, analizando el caso y estudiando la posibilidad de acción, sino que se trata de fallas serias en el ejercicio de la defensa técnica”.

Ciertamente, una decisión de esta naturaleza conmovió a San Rafael, al punto que cuando el caso fue anunciado por Televisión Andina, las redes sociales se plagaron de mensajes que marcaban inquietud sobre la actuación del profesional.

Ahora, se espera que desde el Colegio de Abogados se tomen medidas sancionatorias, habida cuenta de que la jueza remitió la compulsa correspondiente para que el caso sea analizado desde el Tribunal de Ética de esa institución.

San Rafael: anularon un juicio porque el abogado defendió mal a su cliente

Aun cuando, eventualmente, se pudiera considerar que el imputado tenía suficientes pruebas en su contra para receptar una condena fundada, lo cierto es que la magistrada consideró él no dispuso en el debate “de las herramientas de las que la ley lo dota para controvertir eficientemente, la acusación. ¿Cómo hace el acusado para rebatir a la fiscalía, si el defensor no lo guía y no guía el proceso en cada una de sus etapas, incorporando prueba útil, contra examinando los testigos con responsabilidad de manera seria, y presentando conclusiones como corresponde, no con un análisis incompleto del caso?”.

Los escasos minutos que se tomó el profesional para pedir la absolución de su cliente, sólo fueron “una exposición desordenada, con graves incongruencias en el plano de la cuestión jurídica de la calificación legal, sin atender a las constancias de la causa, sin hacer una valoración completa de la prueba ingresada; introduciendo información que no se presentó en el juicio”, dijo la jueza al momento de anular el debate.

Calificó el alegato del abogado como “deficitario en muchos aspectos, puso en evidencia, dejó a la vista de manera patente, que no está a la altura del proceso que se está ventilando. Y que puede disponer consecuencias tan serias para el imputado, como la pena que ha solicitado la fiscalía de 10 años de prisión”.

“Ya cuando se le preguntó por la incorporación de la prueba instrumental, antes de los alegatos, respondió: los testimonios. Y eso demuestra que no está al tanto tampoco de los procedimientos”, se quejó la jueza.

Laigle concluyó que era “consciente de que lo que estoy diciendo es muy grave, pero el derecho de defensa de un juicio es el derecho por excelencia. Hay un nexo inexorable entre el debido proceso y el derecho de defensa. No hay debido proceso penal sin el derecho de defensa en juicio. Y es por eso que no puedo seguir, no puedo avanzar y dictar sentencia en estas condiciones”.

Ante esta disposición, se impone el apartamiento del abogado técnico y la designación del defensor oficial, hasta tanto el acusado informe si va a designar a otro abogado de su confianza o si se va a conformar con la designación del defensor oficial.

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