La Fiscalía evalúa si fue correcto almacenarla ahí y si la firma tenía permisos para adquirirla y manipularla. Qué responsabilidad penal le cabría a la firma.
La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Pudo ser una tragedia. No fue un tema menor el escape químico ocurrido en calle Italia al 300 de San Rafael, que movilizó a Bomberos, Defensa Civil y personal policial, y obligó a evacuar a vecinos de varias cuadras por una nube tóxica.
El episodio fue tan inédito que los equipos de emergencia debieron consultar a profesores de la UNCuyo para intervenir correctamente sobre la sustancia y comprender la reacción química que se estaba produciendo. La respuesta técnica fue preocupante: se trataba de material explosivo y existía un riesgo latente de detonación si no se actuaba con precisión.
Tras diluir y enfriar el compuesto, los especialistas trabajan ahora para verificar que se encuentre completamente estabilizado. Una vez confirmado, será retirado del predio de la empresa de transporte donde estaba depositado.
Cuatro personas sufrieron una leve intoxicación, entre ellas un menor de edad, lo que motivó su traslado al hospital para una evaluación preventiva. Algunos vecinos se encerraron en sus casas y otros fueron evacuados, afectados por el olor penetrante que se esparció en la zona.
El personal policial constató que los gases provenían de un tanque de 500 litros ubicado en el patio de las instalaciones de la empresa. Allí se almacenaba peróxido orgánico líquido con ácido acético, una sustancia altamente reactiva que había sido recibida durante la mañana.
De acuerdo con los testimonios en el lugar, el contenedor ya venía “gaseando” y se esperaba que la reacción disminuyera con el paso de las horas. Sin embargo, debido a la temperatura y a su exposición en el patio, la sustancia comenzó a emanar gases que rápidamente fueron advertidos por los vecinos.
Personal de la firma habría exhibido documentación vinculada a autorizaciones para alojar este tipo de sustancias, aunque también informó que no contaban con protocolos específicos para una situación de este tipo. Bomberos trabajó durante varias horas hasta lograr contener la reacción y enfriar el compuesto químico.
La ayudante fiscal María Ana Yacante dispuso que Bomberos continuara con las tareas de estabilización y verificara que la sustancia quedara bajo control absoluto antes de proceder a su retiro. También ordenó la confección del acta del procedimiento y la individualización de todas las personas intervinientes.
La Fiscalía analiza si la empresa está habilitada para transportar o tener en depósito este tipo de material en una zona residencial. En esa línea, el fiscal Javier Giaroli inició una causa por tenencia ilegal de material explosivo, figura que prevé penas de tres a seis años de prisión, según el artículo 189 bis del Código Penal.
Ahora deberá determinarse si la presencia de la sustancia en ese predio era legal y si la firma contaba con los permisos correspondientes para manipularla. A prima facie, no se trataría de un insumo destinado a ser enviado a otro punto, sino de un producto que sería utilizado por la propia empresa para tareas de limpieza.
Si se verificara la existencia del delito, podría configurarse además un concurso ideal por lesiones leves, debido a las personas intoxicadas, quienes también podrían iniciar acciones civiles.
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