Tras un juicio civil, la Provincia de Mendoza deberá indemnizar con un monto millonario a la familia de un preso que falleció en la cárcel.
El juicio civil se originó por la muerte de un preso en San Felipe, en agosto del 2019.
Foto: Axel LloretEl Segundo Tribunal de Gestión Asociada condenó a la Provincia de Mendoza tras un juicio civil, y ahora el estado deberá indemnizar a la familia de un preso que falleció en la cárcel de San Felipe en el 2019 tras sufrir una infección en el colon.
La justicia determinó que el tratamiento médico que recibió el interno no fue el correcto y que el preso falleció por falta de una asistencia eficiente.
El interno en cuestión es Sergio Bustos, quien fue detenido en mayo del 2019 tras recibir una prisión preventiva en el marco de una causa por robo.
Ahora el Estado deberá indemnizar a su pareja con $18.500.000 y a su hijo menor con $3.500.000. A ambos montos se le tendrán que sumar todos los intereses ocasionados durante la investigación del caso.
Según consta en la demanda, Bustos comenzó a manifestar dolores de estómago el 10 de agosto del 2019. Sus compañeros de celda fueron quienes lo asistieron en primera instancia y luego, envuelto en una sábana, lo trasladaron al sector de sanidad.
La familia del interno denunció que Bustos fue atendido recién horas después. A partir de ese día, la salud del hombre comenzó a empeorar, pero, por el contrario, desde Sanidad sólo le pidieron que ingiera alimentos livianos y sopa.
Así la situación fue cada vez peor e incluso la denunciante, pareja de la víctima, denunció lo que estaba ocurriendo ante el Procurador de Personas Privadas de Libertad en la Provincia de Mendoza.
Desde esa área pidieron al servicio penitenciario que interviniera de manera urgente, pero poco cambió. Bustos siguió empeorando de salud y, lamentablemente, el 18 de agosto falleció.
Tras la demanda correspondiente, la justicia analizó el caso y los jueces determinar que del examen físico realizado se puede inferir que el mismo “no fue completo”, por lo que “no se arribó a un diagnóstico que permitiera suponer la necesidad de asistencia médica de mayor complejidad”.
“Se puede identificar una omisión en la identificación de un diagnóstico, el cual tuvo relación directa con el fallecimiento. El tratamiento oportuno era prioritario para que los resultados fueran diferentes a lo sucedido”, dijeron los jueces
En ese sentido, agregaron que “constituye una causa adecuada del daño sufrido por la víctima que lamentablemente le costó la vida, el incumplimiento del deber de seguridad específico del Estado de velar por la salud de los internos”.
“Estimo razonable atribuir la responsabilidad en el hecho al Estado provincial, al estar probada su falta de servicio al no haberse diagnosticado oportunamente la dolencia y otorgado el tratamiento necesario para impedir su fallecimiento, con los alcances que más adelante se determinarán”, sostuvo la justicia en los fundamentos de la sentencia.
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