La situación procesal de Daniel Orozco y su pareja, Janina Ortíz, se complica día a día y en las próximas horas serán imputados formalmente por fraude a la administración pública en una causa que ya tiene al menos a 10 imputados.
6 de marzo de 2026
La situación procesal de Daniel Orozco y su pareja, Janina Ortíz, se complica día a día y en las próximas horas serán imputados formalmente por fraude a la administración pública en una causa que ya tiene al menos a 10 imputados.
Desde ese momento, ambos, junto a varios funcionarios de la Municipalidad de Las Heras, serán sometidos a una investigación por presunta corrupción que tendrá el objetivo de determinar el destino de más de $35 millones que supuestamente fueron otorgados a una cooperativa de trabajo para una serie de trabajos en la Comuna.
Para el fiscal Flavio D’ Amore, Daniel Orozco y compañía utilizaron en dos licitaciones públicas y dos contrataciones una cooperativa de trabajo para realizar limpieza de calles y espacios públicos, aunque esos servicios nunca fueron prestados en las condiciones pactadas.
La hipótesis fiscal indica que dicha cooperativa, llamada Manos a la Obra, estaba inactiva al momento de las licitaciones y contrataciones.
Por eso, Orozco ordenó a algunos de los funcionarios también imputados que “regularizaran la cooperativa para que pudiera acceder a las licitaciones”.
Luego, con el accionar directo del Subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, se direccionó a esa cooperativa para que ganara los procesos licitatorios.
El primer expediente en la mira es la “Licitación pública Nº 1.112”, donde Oyhenart solicitó el 24 de junio del 2021 la contratación de una cooperativa de trabajo para 900 jornadas mensuales, de 6 horas cada una, para trabajo manual de servicios de limpieza por un presupuesto de $10.260.000.
El 16 de julio Orozco llamó a licitación y la única cooperativa que se presentó fue “Manos a la Obra”. Fue así que el Estado realizó diversas transferencias a una cuenta corriente de titularidad de la cooperativa.
Las transferencias fueron: el 3 de enero del 2022 por $1.626.550,02, el 1 de febrero por $1.626.550,02, el 16 de marzo por $1.626.550,02, el 12 de abril por $1.626.550,02, el 15 de mayo por $1.626.550,02 y el 13 de junio por $1.626.550,02, totalizando un valor neto transferido de $9.759.300,12.
Oyhenart y otros funcionarios firmaron el cumplimiento de los servicios presentando seis panillas con trabajadores que, en su mayoría, no integraban la cooperativa.
El segundo expediente fue una contratación (Nº 3.086) solicitada el 11 de mayo de este año para 560 jornales destinadas a servicios de limpieza no tercerizado por $1.148.000.
Al igual que el caso anterior, la única cooperativa que se presentó fue “Manos a la Obra”, la cual recibió el 7 de junio de este año una transferencia de $1.119.537.
Luego, Oyhenart y el titular de la cooperativa certificaron el cumplimiento de los servicios con una nómina de trabajadores que no pertenecían a la empresa e incluso con firmas falsas atribuibles a personas que supuestamente habían realizado la prestación del servicio.
El tercer expediente fue la contratación Nº 3.101 con fecha del 16 de mayo del 2022, para un trabajo de 364 horas por servicios de limpieza y con un presupuesto de $690.000.
Con el mismo ardid, el 15 de julio, el Estado transfirió a la misma cuenta mencionada anteriormente un monto total de $674.452. También se justificó el trabajo con nombres y firmas falsas.
El último expediente en investigación fue la Licitación Nº 1.127 donde se pidió 900 jornales mensuales pero luego se requirió una ampliación a 1.712. Todo esto por servicios de limpieza durante 7 meses y con un presupuesto de $26.364.800.
Siempre de acuerdo a la hipótesis fiscal, hubo distintas transferencias por estos trabajos que nunca se realizaron. El 15 de septiembre del 2022 por $640.735,13, el 20 de septiembre de ese año por $640.735,13, el 18 de octubre por $2.852.820,67, el 11 de noviembre por $3.422.585,13, el 7 de diciembre por $3.422.585,13, el 16 de enero del 2023 por $3.422.585,13, el 8 de febrero por $3.422.585,13, el 3 de abril por $3.422.585,13, y el 28 de abril por $2.710.879,34. El total alcanzó los $23.958.095,92.
De acuerdo a la imputación que se oficializará en breve, Janina Ortiz suscribió y certificó parte de esas planillas y facturas presentadas con el fin de proceder al pago. La defensa de ella lo niega rotundamente.
Lo cierto es que producto de todas estas acciones, la Municipalidad de Las Heras envió a dicha cooperativa el total de 35.511.386,14.
Para la justicia ese dinero nunca fue administrado por los integrantes de la cooperativa y, por el contrario, lo recibieron los imputados y allegados suyos.
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