La Corte Suprema de Justicia de Mendoza firmó este viernes un fallo que marcará un antecedente. Tras la demanda judicial de dos abogados mendocinos contra jueces de la provincia por un supuesto caso de violencia de género, el máximo tribunal rechazó el planteo y ordenó que los letrados paguen casi $50 millones de costas acusándolos de “temerarios” por el monto de la demanda, de un “notorio desconocimiento del derecho” y hasta “falta de lealtad”.
El fallo, firmado por los jueces Julio Ramón Gómez, Pedro Llorente y Teresa Day, generó repercusiones en los pasillos de tribunales, donde abogados y funcionarios intercambiaron opiniones al respecto.
Los letrados apuntados son Carolina Jacky y Carlos Lombardi, quienes generalmente defienden a víctimas de violencia de género.
En esta ocasión, representaron a la familia de una mujer que se quitó la vida, presuntamente, luego de haber perdido la tenencia de su hija.
Jacky y Lombardi acusaron directamente a la OAL y dos jueces de la provincia, entendiendo que el accionar de estos en el caso generó un daño psicológico en la mujer, quien terminó tomando la drástica decisión.
Por esto, demandaron por daños y perjuicios al estado provincial, a dos jueces y un funcionario de la OAL. El monto solicitado fue de $78 millones, por “daño extra patrimonial sufrido”.
Durante varios meses la justicia civil de la provincia analizó el caso y el expediente llegó a la Corte. Los ministros antes mencionados analizaron el accionar de los magistrados demandados y establecieron que no había pruebas para sostener un comportamiento inadecuado de los mismos.
Mucho menos entendieron que las decisiones de los jueces había sido el motivo por el cual la mujer decidió suicidarse. De esta forma, los tres coincidieron en rechazar la demanda.
Ahora bien, Teresa Day fue más allá. Es que los demandados, al responder la demanda, solicitaron que las costas sean impuestas a los abogados del denunciante “por la temeridad evidenciada en el monto de la demanda”, aclarando que “no reconoce antecedente jurisprudencial alguno, por tratarse de una pretensión irrazonable que muestra que la dirección técnica adoleció de errores científicos inexcusables, notorio desconocimiento del derecho y falta de probidad”.
Entonces, tomando algunos antecedentes, Day destacó en su pre opinión que los abogados “podían ser condenados en costas cuando actuaren con notorio desconocimiento del derecho, negligencia o falta de lealtad”.
Así las cosas, la jueza afirmó que hubo una “evidente negligencia en la irrazonabilidad de los montos reclamados” y fue durísima en su descargo hacia Jacky y Lombardi.
En base a eso, el tribunal decidió que estos letrados se hagan cargo de las costas, cuyo monto roza los $50 millones.
En tanto que el fallo también ordena remitir los antecedentes al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados "a fin de que investigue la conducta de los profesionales con relación al cumplimiento de los deberes impuestos por el Código de Ética profesional".
Mirá el fallo:
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