El intento de homicidio que sufrió la fiscal Claudia Ríos en un juicio derivó en una serie de investigaciones, tanto en lo estrictamente delictivo como así también en lo administrativo, para analizar el accionar de los agentes de seguridad.
En primera instancia, la causa por intento de homicidio ya está en manos de la fiscal Andrea Lazo (compañera de fiscalía de la víctima), quien esta mañana le tomó declaración a Claudia Ríos y también a la estudiante de abogacía que fue agredida por el preso, identificado como Hugo Eduardo Arredondo (33).
Además, en la fiscalía declararon testigos del hecho y también se realizaron pericias en la escena. Por el momento se cree que el caso está calificado como una tentativa de homicidio.
En forma paralela, en la Inspección General de Seguridad se investigará el accionar de los penitenciarios y por ende el funcionamiento de los protocolos de seguridad.
En ese sentido, Marcelo Puertas, titular de la IGS, afirmó que hay siete efectivos apuntados para ser investigados. En las próximas horas, estos serán separados de su cargo hasta que avance la pesquisa. Posiblemente queden en pasiva, cobrando la mitad de su sueldo.
Fuentes policiales afirmaron que desde el traslado de Arredondo del penal Almafuerte hasta la realización del juicio, debieron existir al menos tres requisas: en la salida de la cárcel, el ingreso al Estrada (complejo de detención transitorio) y el ingreso al Polo Judicial.
En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal se mostraron sorprendidos por el hecho debido a que el tribunal colegiado había advertido sobre la “peligrosidad” de Arredondo, un interno que tiene dos condenas por homicidios.
La IGS deberá analizar el hecho, que quedó filmado, y determinar si los penitenciarios merecen una sanción o bien la cesantía. Ahora bien, quien deberá firmar y ratificar la decisión es el titular del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien es el único que tiene potestad para expulsar a un efectivo de la fuerza.
