Cayó una millonaria empresa que lavaba dinero en la Provincia de Mendoza
Tras una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), la Policía Federal Argentina logró descubrir a una empresa brasileña acusada de lavado de dinero bajo transferencias millonarias de fondos por intermedio de criptomonedas. La empresa tenía vínculos en el mercado vitivinícola de la provincia de Mendoza.
La investigación llevada a cabo por la PFA atribuyó las maniobras a un hombre de nacionalidad brasileña y a su núcleo familiar. Según indicaron, M.C.S. (denunciado) y su pareja habían sido fuertemente involucrados, hace unos años, en maniobras de lavado de activos, en la República Federativa de Brasil, sindicados en primera instancia como propietarios de una entidad de asesoría financiera de Brasilia.
La empresa se dedicaba a trasladar jóvenes que buscaban estudiar en universidades argentinas. Sin embargo, esta fue la pantalla bajo la cual lograron trasladar sumas millonarias en reales.
Si bien la justicia de ese país solicitó órdenes de detención, allanamientos, bloqueos de cuentas por la suma de 681 millones de reales y embargo de bienes muebles e inmuebles, no consiguieron rastrear los fondos.
Dentro de las personas denunciadas se hallaban M.C.S., su esposa N.P.D., y otras tres personas también de nacionalidad brasileña, los cuales eran sindicados en esta trama criminal como parte del grupo delictivo. Además, se comprobó que algunos poseen antecedentes por recibir depósitos bancarios y luego transferirlos a otras dos sociedades cuyos fondos proceden del tráfico de drogas, dominado por la organización “Comando Vermelho”.
La acción dirigida por la Fiscalía Federal N° 2, de San Isidro a cargo del Dr. Fernando Domínguez, ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Agustina Daus, se concentró en determinar las acciones que se encontraba desplegando en nuestro país el grupo liderado por M.C.S.. Así, se descubrió que existía un elaborado sistema de operaciones dinerarias sin un marco legal o comercial registrado, que oficie como aval de las sumas millonarias que eran introducidas en Argentina.
En concreto, el cabecilla de la organización denominado “EL NEGRO” o “EL JEFE”, autorizaba a operar en su nombre a los comúnmente denominados “testaferros o presta nombre”, tanto en temas administrativos como en aspectos civiles tales como la compra-venta de bienes muebles, como autos, e inmuebles (empresas, viviendas, terrenos, etc.).
Mientras la policía investigaba el caso, descubrieron que los sujetos llevaban un nivel de vida muy elevado, habiendo desarrollado un patrimonio abultado rápidamente, sin ningún aval legal declarado a nivel nacional. Sin embargo, en el transcurso de la pesquisa, los sujetos habían disminuido considerablemente su exposición virtual en redes sociales.
A su vez, se pudo dejar documentada la relación de la organización brasileña con empresas de viajes estudiantiles y mercado de capitales (informal) en Argentina, las que operaban en el microcentro porteño, en las conocidas “cuevas” financieras.
La diversificación del poder económico de esta empresa criminal, llevo a dilucidar la apertura del líder de la organización, hacia el mercado vitivinícola, con empresa radicada en la provincia de Mendoza, por medio de la cual el investigado preveía efectuar envíos de vinos a la República Federativa de Brasil y a la Republica de Francia.
Finalmente, como resultado de todo el trabajo investigativo, durante el pasado miércoles se realizaron 40 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y en la provincia de Mendoza que tuvieron como resultado la detención de tres de los principales involucrados.
A su vez, se logró secuestrar una suma de más de sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000,00), ciento sesenta mil dólares (U$s 160.000,00), veinticinco mil euros (Euros 25.000,00), treinta mil reales (R 30.000,00), mil quinientos (1.500) francos suizos. Por otro lado, seis (06) vehículos de alta gama, armas de fuego, teléfonos celulares, diversos elementos de computación para realizar la maniobra y una importante cantidad de documentación de vital interés.
Por disposición judicial, también se procedió a trabar embargo en todas las cuentas bancarias, inhibición de todos los bienes, congelamiento y bloqueo de cuentas de criptomonedas de más de 22 personas, como así también se dispuso la clausura de seis oficinas ubicadas en el Microcentro Porteño utilizadas para el intercambio ilícito de Cryptoactivos y/o Divisas Extranjeras.