Walter Bento, el celular y los chips
Foto: Yemel FilEl Juez Federal Walter Bento declaró este martes en el Jury que se le sigue por supuesto mal desempeño que, en caso de ser probado, terminaría con su carrera judicial, y lo dejaría sin fueros ante una eventual condena en el juicio penal que le sigue, aparte, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza.
La declaración que dio ante el jurado de enjuiciamiento, sin embargo, dejó algunos puntos que no pudo esclarecer; por el contrario, parecieron darle sustento a parte de las varias acusaciones en su contra.
A modo de ejemplo, vale mencionar el caso de un préstamo hipotecario obtenido en el Banco Nación, donde se señalaba que le fue otorgado sin considerar que sólo estaba destinado para personas sin viviendas.
Al respecto, Bento negó que él hubiera pedido un préstamo para una vivienda única. Sin embargo, aun cuando mostró la planilla que firmó sin marcar ese ítem, lo cierto es que en “la resolución del Banco Nación por la cual se me otorgó el préstamo hipotecario”, que también exhibió, se podía leer que se le autorizó “la excepción elevada por la gerencia zona Mendoza oeste, relacionada con el destino de la línea, adquisición vivienda propia única, familiar, ocupación permanente, aun cuando el solicitante es titular de otros inmuebles. En la resolución aludida se dejó constancia de la condición de juez federal del solicitante”.
Es decir, supo desde ese mismo momento la excepción que hicieron con él y que vaya a saber por qué se tomaron el trabajo en el banco de dejar expresamente reflejado en ese documento la llamativa constancia del cargo que ocupaba. O sea, esa excepcionalidad que hicieron con él, el juez la aceptó, usó y ahora la expuso sin ruborizarse.
Otro punto que no pareció ser zanjado a su favor, fue el caso de la escritura de compraventa donde omitió mencionar que “era una persona políticamente expuesta”.
Dijo que fue un problema de la escribana. Su relato lo llevó a un nivel de altruismo tal que poco menos que vendió un departamento nada más que para darle el gusto a una anciana.
En efecto, contó que “lo vendí el 8 de abril del año 2021. Y está mal que diga vendí porque la titular del inmueble era mi esposa”. Aquí desarrolló una extraña exposición, donde colocaba a su esposa como encargada de la transacción en los aspectos que no le favorecían, y luego se posicionaba como responsable de la venta en los puntos que lo pintaran como una ser solidario:
“¿A quién se lo vendimos? A una señora de 85 años que hacía 8 años intentaba adquirirlo. Cuando logró vender el dúplex, hicimos la operación. Ella eligió la escribana, que nos pidió si podíamos ir al domicilio de la señora porque era una señora mayor para que nos fuéramos a la escribanía. Por supuesto, accedimos. No sólo que era una persona mayor, sino que era bellísima persona. Mi señora vendía y yo prestaba el asentimiento conyugal.
Dijo que la escritura la llevó ya confeccionada la notaria; y ahí Bento afirmó que “leímos el número de documento, los nombres, las fechas, estaba bien; firmamos, recibí el dinero y nos fuimos”.
Pero llamativamente Bento ahora confiesa que recién “a raíz de esta causa, descubrí que pusimos que no era persona políticamente expuesta. Un error en el que no incurrí yo”, dijo, echándole la culpa de la confección del documento a la escribana.
La extemporánea aparición de la escribana declarando en la causa que ella había cometido el error, ciertamente no lo excusa a un abogado, y sobre todo a un juez que se supone tiene la pericia suficiente como para leer minuciosamente un instrumento público, más allá de la simpleza de observar la fecha, el nombre bien escrito y el DNI, antes de firmarlo.
El punto principal de esta parte de la acusación, sin embargo, es otro: lejos de reflejarse una misericordiosa venta a una anciana que deseaba desde hacía muchos años el departamento de la esposa de Bento, los acusadores lo que vieron en el trámite no fue otra cosa que una maniobra tendiente a insolventarse patrimonialmente ante la investigación por enriquecimiento ilícito de la que ya era objeto al momento de la compraventa.
“Vendimos porque la señora estaba desesperada. Es más, me acuerdo, había fallecido su esposo; le daba besos a la foto de su esposo fallecido, diciéndole que había logrado adquirir el departamento que durante tanto tiempo habían intentado comprar”, fue la respuesta del suspendido magistrado.
De nada sirvió que adujera que la fecha de venta fue el 8 de abril de 2021, y que él recién fue imputado recién el 4 de mayo porque trascartón reconoció que ya “en el mes de octubre del 2020, la Cámara Federal de Mendoza designó al juez Puigdéngolas” en la causa en su contra.
Es más, hasta pisó en falso con su argumentación en contra de la acusación del desprendimiento de bienes con esa venta de abril de 2021, cuando dijo “yo, desde enero del 21 quería ingresar al expediente y no me lo permitían”.
Se lo acusa también de no excusarse en una causa que tramitó ante su Juzgado con un imputado con el que tenía vínculos. La prueba en su contra era mensajes de WhatsApp que le envió Bento a esa persona que investigó y a la que le dictó una falta de mérito.
Sobre los mensajes enviados, adujo que fueron hallados en “el teléfono que secuestraron el 5 de mayo de mi señora, un teléfono celular en desuso”.
Justamente, admitir que se los envió desde un celular que no era el suyo, y que incluso estaba en desuso ese aparto, no aparece como la más feliz manera de sacarse de encima las sospechas; por el contrario…Y, además, con la justificación de que el celular lo tenían para escuchar música en la familia, que lo usaban como un iPode.
Tampoco resultó de lo más sólida su explicación acerca de la falta de mérito, primero, y el sobreseimiento después en favor del acusado con quien se mensajeaba, porque señaló que a esta persona, que estaba acusada de evasión del impositiva, le resolvió su situación legal tras darle margen con pericias contables y agronómicas, que hablaban a favor de la empresa y luego del acogimiento ante la Afip“ de un plan de pago y una moratoria de 61 cuotas”.
En este punto reclamó que con él no tuvieron el mismo trato en la acusación por enriquecimiento ilícito: “en mi caso debieron haber hecho eso; primero, la pericia; y en base al resultado de la pericia, analizar el temperamento procesal a seguir”.
Pero hubo también una sorprendente argumentación defensiva de Bento, más cercana a un sofisma.
Es que se le atribuye mal desempeño también por haberse postulado a camarista federal, cuando no reunía los requisitos del art. 17 del reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Poder Judicial de la Nación.
En efecto, el juez se inscribió en el concurso 475 para integrar la Sala 3 de la Cámara Federal cuando ya estaba en conocimiento del procesamiento en su contra resuelto en la causa penal 13.854/2020, que instruyó el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas.
Si bien dijo Bento que “no existe ninguna norma que prohíba la inscripción de un procesado”, inmediatamente agregó, casi como confesión de parte, queel art. 17 del Reglamento señala que “aquellas personas que no reúnan los requisitos, que no reúnan las condiciones, inmediatamente se los excluirá. Que es lo que pasó en mi caso. No pude presentarme a rendir”.
El punto más oscuro es que Bento se tomó el trabajo de buscar, con ayuda de su hijo, según contó, “dos certificados que era obligatorio presentar: primero, el informe del Registro Nacional de Reincidencia. Entonces, por internet desde Mendoza, solicité el informe del RNR que decía: antecedentes, cero. Lo escaneé y lo mandé”.
Y, a su vez, “le solicité a la Cámara Federal de Apelaciones, un certificado a través de la secretaría de Superintendencia para que diga si había tenido sanciones”.
Fue ahí cuando sorprendentemente culpó a los que instruían el expediente penal en su contra por haberse “olvidado” de informar al Registro Nacional de Reincidencia la existencia de esa causa.
Lo cierto es que esa falencia que atribuyó a terceros, pero que él conocía que tarde o temprano se registraría, no le generó ningún problema en su voluntad para continuar con sus trámites tendientes a concursar.
Un mes después, Bento pidió el mismo informe a Reincidencia, y ya figuraba el expediente penal en su contra. “Yo no pretendo, ni pretendía ni voy a pretender jamás engañar a nadie”, aseguró. Pero, “¿por qué me inscribí al concurso? Me inscribí porque mi vocación es la magistratura y porque quiero mostrarle a mis hijos que se puede y con que la insistencia, se logra la excelencia”, adujo.
“Y me inscribí conociendo perfectamente el art. 17 del reglamento, tenía absolutamente claro que decía que no podían inscribirse los procesados”, dijo, para caer en otra sorprendente argumentación: “A mi humilde entender es absolutamente inconstitucional e inconvencional porque viola el principio de inocencia… y creo que en algún momento alguien se va a poner a analizar esto y van a modificar el ar.t 17 del Reglamento”.
Lo que no dijo Bento es que, más allá de su pensamiento, lo real y concreto es que esa norma existe y no puede ser violentada de forma antojadiza.
Que ello le haya impedido rendir en el concurso, no es suficiente razón para su queja, que bien podrían hacer las personas sobre quienes alguna vez resolvió prisión preventiva, sin considerar si por ello quedaban impedidos de rendir exámenes de cualquier naturaleza.
Sobre el viaje a Las Vegas, y las fotos con la limusina, fue casi anecdótico escuchar la argumentación de que él no exhibió la foto, y asegurar que tenía el dinero suficiente para semejante viaje y hasta alquilar, si hubiere querido, ese vehículo.
Pero no lo fue tanto como escuchar desafiantemente que “si vamos a analizar a la ciudad de Las Vegas y si vamos a traer acá a un magistrado por mal desempeño por haber ido a una ciudad donde hay muchos casinos, entonces, varios integrantes del Consejo de la Magistratura, porque me consta, como fueron a Mendoza y se alojaron en hoteles casino, también tendría que estar sentados acá”.
Así las cosas, el segundo día de Bento en su Jury pareció dejar la idea de que en ciertas ocasiones bien vale aquello de “no aclares, que oscurece”.