La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial cumple este martes una jornada de paro, en medio de un conflicto que ya lleva varios meses sin avances.
18 de abril de 2026
El gremio sostiene un plan de lucha tras semanas sin avances y se manifestaron en el Poder Judicial. Cómo sigue la disputa con el Gobierno.
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes.
Foto: Prensa Gremio JudicialesLa Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial cumple este martes una jornada de paro, en medio de un conflicto que ya lleva varios meses sin avances.
El gremio, que se manifestó en la explanada del Poder Judicial, reclama la reapertura de paritarias y la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, acordado en 2024 pero todavía sin aplicar por la Suprema Corte.
La medida de fuerza cierra un ciclo de más de tres meses de protestas, en las que exigen que el Gobierno y la Corte retomen el diálogo.
El secretario general del sindicato, Ricardo Babillón, destacó —en diálogo con Noticiero Andino— la Corte “apagó los teléfonos en agosto” y no cumplió con los compromisos asumidos.
El gremio sostiene que el convenio debía entrar en vigencia antes de septiembre, pero los plazos se vencieron sin avances. Entre los puntos centrales reclaman:
Para Babillón, este incumplimiento empuja a los trabajadores a salarios cercanos a la línea de indigencia.
Tras no cerrar un acuerdo en la mesa paritaria, el Ejecutivo otorgó el aumento por decreto.
La Asociación sostiene que ese mecanismo desconoce la negociación colectiva y exige un incremento acorde a la labor realizada.
Según el sindicato, la estrategia oficial apunta a “empobrecernos”, obligando a aceptar adicionales salariales, que implican mayor carga horaria, para compensar la caída del poder adquisitivo.
El dirigente sindical apuntó también contra la Suprema Corte por no defender el presupuesto del Poder Judicial. Afirmó que el Ejecutivo redujo partidas antes de enviarlas a la Legislatura y que el máximo tribunal no cuestionó el recorte.
Además, denunció que la Procuración está cerrando oficinas fiscales por falta de personal, lo que en algunos departamentos obliga a los vecinos a trasladarse hasta 40 kilómetros para realizar una denuncia.
Babillón sostuvo que estas decisiones muestran un retroceso en la independencia judicial y un deterioro del servicio de Justicia.