Delegaciones de Argentina y Uruguay se reunieron ayer pero no lograron avanzar en una salida negociada a la nueva disputa que se generó entre ambos países tras el pedido de la pastera UPM de aumentar su producción anual.
El canciller Héctor Timerman encabezó en el Palacio San Martín al grupo nacional, en tanto que por Uruguay la delegación habría estado encabezada el canciller Luis Almagro.
Ninguno cedió en sus rígidas posturas y luego de seis horas de reunión de los cancilleres, Uruguay decidió avanzar con su plan para aprobar el incremento de la producción de la empresa finlandesa de un millón de toneladas anuales a 1,2 millones. La Argentina se opuso a esa postura, exigió mayores controles ambientales y amenazó con recurrir a la Corte Internacional de La Haya.
Más tarde, el diario uruguayo El Observador indicó que Mujica anunciaría en las próximas horas su autorización a la ex Botnia, tal como había anticipado la semana pasada, en paralelo a una exigencia de mejoras en las condiciones ambientales de funcionamiento.
No obstante, autoridades uruguayas advirtieron que la situación con la Argentina está "muy sensible" y se percibe complicada la posibilidad de dar lugar al pedido de la pastera, según publica Infobae.
Cabe recordar que la reunión bilateral fue acordada este lunes por la presidenta Cristina Kirchner y Mujica, quienes compartieron un acto en la terminal de la empresa Buquebús, en Puerto Madero.
Los mandatarios, que en sus respectivos discursos destacaron la "unidad" de los países "hermanos", decidieron dejar en manos de sus funcionarios el nuevo conflicto, que despertó fuerte rechazo entre los ambientalistas de Gualeguaychú.
El roce se generó luego de que el gobierno de Mujica no descartara autorizar a UPM-Kymmene Corporation (UPM) para elevar su nivel de producción anual algo no contemplado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que acataron la Argentina y Uruguay.
Un canal de noticias uruguayo indicó que la empresa ya puso en marcha pruebas de producción, luego de los trabajos de mantenimiento: se trata de operaciones que se encuentran dentro de las 20 mil toneladas que le quedan en los límites aún autorizados por el gobierno y se busca determinar si el mantenimiento cumplió con los estándares pretendidos.
A cambio de habilitar el pedido de la empresa, Uruguay está dispuesto a exigir una inversión para reducir impactos ambientales reduciendo la temperatura y el nivel de fósforo en los efluentes, para hacer lugar al pedido argentino.
El domingo último, la Cancillería nacional advirtió que en el caso de una decisión "unilateral" del país vecino sobre la solicitud de la ex Botnia, el gobierno nacional podría volver a justicia internacional.
A la vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores le reclamó a la administración oriental que presente los informes correspondientes a la situación, algo establecido en el Estatuto del Río Uruguay.
