Esta semana será de grandes definiciones para el año político de la provincia, a partir de las determinaciones que tome la cúpula del justicialismo mendocino sobre los dos temas político-electorales excluyentes: el desdoblamiento y la reforma constitucional.
En las próximas horas, el Gobernador Francisco Pérez acordará con el vice Carlos Ciurca y los doce intendentes del PJ el día (probablemente el sábado) y el lugar (usualmente es Vistalba) donde se reunirán para plantear los grandes lineamientos para el 2013.
Parte del encuentro servirá para acordar los temas prioritarios de gestión, atentos a la información que se maneja sobre los planes del gobierno nacional, más los objetivos de la administración provincial y las aspiraciones municipales.
Pero el tramo de mayor debate llegará con la discusión de los temas político-electorales que el oficialismo comenzará a definir en los próximos días pero cuyo debate a nivel de la opinión pública debe darse, según la mirada del PJ, recién después de la Vendimia.
En ese marco, hay dos temas concretos que sobresalen. El primero es el desdoblamiento de las elecciones para cargos provinciales de las de legisladores nacionales.
El mayor obstáculo en este sentido es la posición del gobierno nacional, que le ha pedido expresamente a las provincias kirchneristas que eviten realizar comicios separados para los diputados y senadores provinciales, y los concejales.
Se trata, en este caso, de un impedimento insalvable, dado el fuerte alineamiento con la Casa Rosada tanto del ejecutivo provincial como de los municipios. Una eventual decisión contraria a la estrategia del oficialismo nacional podría resquebrajar la buena relación con la Nación, y dificultar las gestiones de la provincia y las comunas.
El otro tema central será la reforma constitucional y electoral (bautizada como institucional por el Ejecutivo). Según confirmó el propio Gobernador Francisco Pérez, en sus planes se encuentra la idea de llegar a elegir convencionales constituyentes en los comicios legislativos.
Para llegar a este punto el PJ puede seguir dos caminos. El primero, hacer avanzar su propio proyecto, es largo y sinuoso. Primero debe conseguir la mayoría necesaria (dos tercios de los votos) en ambas cámaras de la Legislatura, algo bastante improbable sin un acuerdo con el cornejismo.
Luego, debe llevar el proyecto a referéndum, y conseguir la mayoría de los votos. Ahora, bien, según la última interpretación de la Corte del polémico artículo 221 que determina el número necesario de votos para avalar una reforma constitucional, haría falta la mitad más uno de los empadronados, algo así como el 75% de los votantes efectivos.
Este artículo ha sido cuestionado en innumerables oportunidades, aduciendo que en realidad se refiere al número efectivo de votantes. El otro plan oficial es reclamarle a la Corte una nuva interpretación de este artículo para poder hacer avanzar una reforma votada con la mitad más uno de los votos de quienes concurran a las urnas el día de los comicios.
Si el máximo tribunal judicial de la provincia replanteara su posición por el 221, el Ejecutivo tendría la puerta entreabierta para hacer que avanza un viejo proyecto de reforma: el de Roberto Iglesias en 2001.
La modificación propuesta entonces por el radicalismo fue votada por la mitad más uno de los votantes, número que no llegó a convertirse en la mitad más uno de los empadronados.
Si la Corte reinterpretara el 221 como reclama el oficialismo, en la Gobernación creen que este proyecto recobraría vigencia con lo que se podría convocar directamente a elección de constituyentes.
En la reunión entre el Gobernador, el vice y los intendentes peronistas del próximo fin de semana se definirá cuál es la estrategia a seguir por el PJ. Lo que sí es seguro es que el tema dormirá al menos hasta después de la Vendimia, momento elegido por el peronismo local para meterse de cabeza en la contienda electoral que concluye en octubre.