Evalúan un aumento de hasta 50% en la tarifa eléctrica y otra suba para 2013
Las empresas reclaman la actualización del VAD, que no se mueve hace tres años. El Ejecutivo reconoce el atraso. El año que viene, sí o sí, se debe recomponer la tarifa.
El incremento en las boletas de la luz será un tema central para la gestión de Paco Pérez durante los próximos 18 meses. Al reclamo de las eléctricas de subir al menos 50% el Valor Agregado de Distribución (VAD) se le suma la discusión quinquenal de la tarifa dispuesta por ley y por la cual en 2013 deberá, sí o sí, deberá aplicarse un incremento.
La tarifa eléctrica que pagan los usuarios tiene dos componentes: el costo por abastecimiento, es decir, el valor de la energía en el mercado mayorista, y el VAD, el canon que cobran las distribuidoras por su servicio.
El primer ítem está regulado por el Gobierno Nacional y es el precio sobre el que recaen los subsidios que distribuye el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Estos montos comenzaron a recortarse a principios de año, con la eliminación de las viviendas de barrios privados del beneficio.
Aunque para Mendoza operan, aún, sólo esas excepciones, se espera que en el transcurso del 2012 continúen eliminándose los subsidios para los hogares de mayor demanda.
El VAD es el valor que regula el Gobierno Provincial, que aprueba las variaciones de precios a través del Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre). Cada 5 años, por ley, se debe rediscutir el VAD, fijando un monto que queda sujeto a variaciones cada 6 meses. Pero ese reajuste no es automático, y es lo que los empresarios reclaman que se recomponga en lo inmediato.
Estamos defasados por lo menos un 50%, aseguró Raúl Stasi, Gerente de Edeste, tomando la voz cantante de las prestadoras del sector eléctrico. Las firmas le han solicitado al Ejecutivo un aumento de por lo menos ese monto para empezar a normalizar la situación, aseguró Stasi.
El cálculo, dicen las empresas, ha sido homologado por instituciones como la Universidad de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo y la consultora Mercados Energéticos. Planteamos esta situación todos los meses, pero el Gobierno no nos dice nada, remarcó Stasi.
El propio ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, reconoció hace algunas semanas el atraso, algo que ratificó el titular del Epre, Elián Japaz. Las empresas hace tiempo que han solicitado un reajuste del VAD, algo hay porque van seis semestres sin incrementos, dijo el titular del órgano de control del sector eléctrico.
Pero, independientemente de que el Ejecutivo decida actualizar el VAD, en 2013 habrá otro incremento tarifario. Es que la última discusión quinquenal se dio durante 2008 y las firmas ya han presentado sus propuestas para elevar considerablemente la tarifa.
Si bien desde las prestadoras no quisieron blanquear el monto planteado al Gobierno, trascendió que el porcentaje de incremento solicitado superaría el 100%. Es algo que están analizando los técnicos del Epre. Allí también se van a discutir planes de obra y los valores de la tarifa. Lo bueno es que el Ente está en condiciones técnicas de sentarse a negociar con las empresas, indicó Japaz.
Otro aspecto que influirá mucho en la decisión del Gobierno Provincial será la política que se implemente a nivel nacional. Por ahora se ha dado la orden de no aplicar subas a los usuarios con la advertencia de que cualquier incremento se verá reflejado en una disminución de los subsidios estatales.
De todos modos, el aumento es inevitable. La discusión quinquenal está garantizada por ley y establece, como plazo para la nueva tarifa, agosto de 2013. El momento político será, para el Ejecutivo, el menos propicio para la suba de un servicio que repercutirá en los precios de buena parte del resto de los productos.
Para esa fecha se desarrollarían las primarias abiertas y dos meses después serán las elecciones en las que se elegirán legisladores nacionales y provinciales, y concejales. Los asesores técnicos del Ejecutivo han recomendado un incremento escalonado, para minimizar el impacto en el humor social. Claro que la decisión ahora depende del Gobierno Provincial y de los condicionamientos que imponga la Nación.