El Gobierno Provincial viene demorando desde diciembre la suba del boleto de micros. La tarifa actual, a $1,40, es insostenible. Varias veces se amagó con aplicar un incremento y en todos los casos se dio marcha atrás.
25 de abril de 2026
El Gobierno Provincial viene demorando desde diciembre la suba del boleto de micros. La tarifa actual, a $1,40, es insostenible. Varias veces se amagó con aplicar un incremento y en todos los casos se dio marcha atrás.
En las últimas horas el rumor volvió a tomar fuerza. Desde el sector empresarial surgió el dato de que se habría acordado un incremento a la vuelta del viaje de Paco Pérez a Brasil.
Pero en este momento la gran duda del Ejecutivo para decidir si lleva el boleto a 2 pesos es que, en ese caso, deberá ceder ante las presiones de Autam que demanda una actualización del costo por kilómetro, sin cambios en el último año y medio.
Las empresas, que cobran un canon fijo por kilómetro recorrido, vienen reclamando constantemente la actualización de ese valor, hoy en alrededor de 7 pesos.
Uno de los argumentos del Ejecutivo para rechazar ese pedido es que no se ha movido el precio del boleto. Por ello, un eventual aumento daría razones a los empresarios para extremar las presiones en reclamo del incremento del kilómetro recorrido.
Si sucedieran ambas cosas, el Gobierno apenas vería pasar la plata surgida de la mayor recaudación por el aumento del boleto. Los ingresos por los pagos directos apenas cubren el 30% del costo total del sistema: el resto lo absorben subsidios provinciales y nacionales.
Si se tiene en cuenta que hay gran cantidad de abonos con descuento en el universo de usuarios, el impacto de una suba del boleto se ve reflejado en un porcentaje mucho menor en la recaudación diaria.
O sea, si subir el boleto le implica al Gobierno incrementar el valor del costo por kilómetro recorrido, al Ejecutivo le conviene mantener planchada la tarifa. El reaseguro con el que cuenta Paco Pérez es la adhesión, en la ley de presupuesto, a la Emergencia Pública, que le da un marco legal para rescindir contratos de servicios públicos.
La verdad es que no sabemos nada. Tenemos que esperar a que vuelva el Gobernador, es él quién tiene que tomar la decisión política, comentó Diego Martínez Palau, Secretario de Transporte.