El gobernador Rodolfo Suarez, a través del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, presentó en la Legislatura un nuevo proyecto que incluye la creación de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial en el fuero Civil (OCC). La iniciativa pretende evitar la judicialización de casos que pueden ser resueltos en una etapa extrajudicial.
La dependencia estaría compuesta por abogados que rendirán, ante la Subsecretaría de Justicia, un concurso para ser parte del cuerpo de conciliadores civiles. Además, se estipula que funcionará bajo el ámbito de la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales y se estima que el 80% de los procesos civiles pase por la etapa obligatoria de conciliación.
La propuesta contó con la participación de la Asociación de Magistrados Judiciales de Mendoza y los colegios de Abogados y Procuradores de todas las circunscripciones judiciales, quienes ponderaron la necesidad de implementar esta oficina y han realizado aportes y comentarios que se plasmaron en la iniciativa.
Ibañez presentó el proyecto junto a los presidentes de ambas cámaras legislativas, Mario Abed y Andrés Lombardi.
De esta manera, ingresarían a la instancia de conciliación obligatoria casos donde existan posibles daños y perjuicios, accidentes de tránsito e incumplimientos contractuales, entre otros. Si se llega a un acuerdo entre las partes, se da por cerrado el conflicto y se homologa el proceso, mientras que si no hay conciliación, se labra un acta de fracaso que será solicitada por el tribunal, al momento de interponer la demanda.
El procedimiento comienza con la solicitud de un turno vía web o personalmente en la Subsecretaría de Justicia. La causa será designada a uno de los abogados que aprobaron el concurso y conforma del cuerpo de conciliadores civiles. Ambas partes, demandante y demandado, deberán concurrir a la audiencia con sus respectivos abogados.
Todo el proceso tendrá que realizarse en un plazo máximo de 30 días, con la posibilidad de prorrogarlo por un mes más en caso de necesitarse para la presentación de pruebas.
En la actualidad, en los procesos civiles hay dos audiencias, una inicial y otra final. Según las estadísticas de la Justicia, en la audiencia inicial se arregla el 40% de los juicios, por lo que llevar esos casos a una etapa prejudicial liberaría a los jueces y a todo el sistema de demandas que pueden resolverse antes.