A través de la Resolución 609, la Dirección General de Escuelas (DGE) estableció como nuevo requisito para tomar suplencias en el sistema educativo la presentación del certificado de antecedentes penales. Desde el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) cuestionaron la medida y reclamaron cambios en la disposición.
En una carta enviada al titular de la DGE José Thomas, la secretaria general del gremio -Carina Sedano- planteó que la normativa que comenzará a regir desde el 11 de abril es "un avasallamiento de los derechos" del personal docente.
Carina Sedano, titular del SUTE (Foto: Cristian Lozano)
Si bien la dirigente consintió que el dictamen no contradice ninguna norma legal, resumió que al tratarse de una exigencia gubernamental, no debiera ser abonado por el trabajador (el trámite tiene un costo que va de los $560 a los $980). Además, solicitó que se reconsidere la exigencia trimestral y se extienda -al menos- por un año.
Asimismo, Sedano argumentó que si el trámite es realizado por primera vez, "demanda un tiempo considerable de gestión y no se justifica el día, por lo que se deberá solicitar razones particulares y/o tener falta injustificada, con todo lo que ello implica".
"El inconveniente se presenta cuando tenés que presentarte a varias suplencias, porque las que tomaste fueron cortas. También genera problemas para los profesores de secundaria, hasta que completan la cantidad de horas", explicó la secretaria general del SUTE.