El Gobierno se reunió ayer con las empresas productoras de alimentos y productos esenciales y las grandes cadenas comercializadoras. Tal como escribíamos el domingo y decíamos ayer en Radio Andina, más de lo mismo. No hubo anuncios y solo un plazo de 24 horas para que ambas partes expliquen los desmedidos aumentos de precios de los últimos días.
Comerciantes denuncian que desde el anuncio presidencial de la "guerra" contra la inflación, los aumentos en productos de la canasta básica llegan al 20 por ciento y varias consultoras privadas ubican el aumento del precio de los alimentos, en las primeras dos semanas de marzo, en el 4.6%
Lo cierto es que el lunes trascurrió sin nueva medida alguna para combatir el proceso inflacionario a pesar de las promesas del Ejecutivo.
Por ahora la única medida anunciada y todavía, sin demasiadas precisiones, es el fideicomiso que captura fondos con el fin específico para el trigo, medida que como se explicó en estos espacios, no afecta a los productores como se viene denunciando desde sectores concentrados.
De tal manera no los afecta que hay dirigentes del campo, como el ex titular de la FAA de Santa Fe, Pedro Peretti que asegura que hace más de 25 años que las empresas vienen cobrándole a los productores el diferencial de retenciones que queda en sus bolsillos.
Peretti va más lejos y asegura que fueron los productores con ese diferencial quienes financiaron las inversiones y la ampliación de la industria aceitera en la Argentina.
En la columna del domingo explicamos como se da la situación por la cual las empresas se quedan con esos puntitos que a valor de hoy significan unos 400 millones de dólares anuales
Está claro que el llamado campo es un motor importante de la economía argentina que, no caben dudas, debería tener ese mote compartido con la industria y las nuevas tecnologías, pero en algún momento tendría que llegar el debate sobre las consideraciones constantes que tiene el Estado con el sector y equipararlo en su contribución a ese Estado y a la sociedad con otros actores de la economía.
Hay una creencia generalizada que siempre hay que incentivar a algunos sectores y es cierto, lo hacen los Estados modernos que quieren atraer inversiones, pero también en los Estados deben primar los criterios de igualdad ante la ley, sobre todo en el tema impositivo.
Para seguir con el rubro que está en discusión, una buena pregunta es si es correcto que por ejemplo en Santa Fe las grandes aceiteras, exportadores, harineros paguen 0.5 puntos de Ingresos Brutos y cualquier otra actividad como un comercio o una industria 2.5 o 3 puntos.
Podría decirse; "sí pero pagan retenciones", cosa que es falsa porque éstas las termina pagando el productor (como ya hemos explicado) y ni siquiera comparten esa carga.
Algunos sectores, tanto de la política como de la economía, están planteando que se debería avanzar con más fondos compensadores para otros alimentos básicos de producción agraria como la leche o la carne a partir de recuperar retenciones disminuidas a complejos como el del maní cuyo consumo en el mercado interno solo alcanza la 10 por ciento de lo que se produce y que también, al igual que otros commodities, está siendo muy beneficiado por los valores internacionales.
Quienes plantean estas medidas, dentro y fuera de la alianza gobernante, aseguran que no se perjudica a los productores sino a algunos pocos capitales nacionales y transnacionales que tienen altamente concentrado la producción y exportación de los alimentos en la argentina, tema que ya hemos también tratado en este espacio.
El ministro Domínguez, el sábado a la mañana, aclaro que los supuestos perjudicados con la decisión de retrotraer las retenciones a los exportadores de harina y aceite de soja eran 11 empresas aunque en realidad son 12.
Mientras ayer en Chicago la soja superó los 461 dólares, los datos muestran que en el 2021 Argentina exportó unos 26 millones de toneladas de pellets y harina de soja y 6 millones de toneladas de aceite.
El líder de las exportaciones de estos subproductos industrializados es la multinacional Glencore que llegó al país a fines de los 90 cuando compró Oleaginosa Moreno y ahora se está apoderando de la mayoría de las desguazada Vicentín y de la concursada Renova que era dueña de una de las plantas de procesamiento de soja más grandes del mundo instalada aquí en la Argentina.
En la lista de mayores exportadores le siguen dos nacionales; Aceitera General Deheza, cuya cara visible es el ex senador cordobés por el peronismo Roberto Urquía (además el exportador número 1 de maní), y Molinos Agro, una división de Molinos Río de la Plata cuyos titulares es la familia más rica de la Argentina, los Pérez Companc.
Detrás aparecen tres compañías multinacionales, algunas con larguísima historia en la Argentina, tanto que algunos las confunden con compañías nacionales. Cargill, Dreyfus y Bunge que llevan más de cien años operando en el rubro agropecuario en nuestro país.
Después aparece la compañía estatal china Cofco, que aquí absorbió al Grupo Noble y a Nidera. Si bien en un principio se especializó solamente en la exportación del poroto de soja ahora también juega fuerte en los subproductos.
En la lista aparecen dos empresas o entidades a las cuales quienes son críticos de la situación les reclaman otro juego y otra participación en el esquema. Se trata de YPF con su división Agro y ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas.
A la primera el propio gobierno de Alberto Fernández le imaginó otra participación en el juego de políticas agropecuarias cuando se la propuso como quien se iba a hacer cargo de la estatizada Vicentin, sin embargo, con el affaire Vicentín también pareció apagarse la idea de una YPF Agro con fuerte intervención como empresa testigo. Hoy su participación en esta lista está dada por sus operaciones con subproductos y granos que obtiene en las operaciones de canje por combustibles y fertilizantes con los productores.
En tanto ACA, es la más fuerte de las cooperativas argentinas integrada por unas 150 cooperativas y 50 mil productores de la zona agropecuaria principalmente de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires y cumplió el último 16 de febrero 100 años.
Mas atrás aparecen la brasileña Amaggi, propiedad del grupo brasileño Blairo Maggi muy cuestionado ambientalmente en Brasil porque fue el grupo que promovió y encabezo la expansión de la frontera sojera hacía el Matto Grosso. La Unión Agrícola de Avellaneda cooperativa santafesina que se quedó también con una parte de Vicentín en esa localidad santafesina. Y Syngenta también de capitales chinos y cuyo CEO es uno de los pocos hombres del sector (o el único) que apoyó la medida del Gobierno.
Estos son los nombres de quienes tendrán que hacer frente a esos dos puntos en las retenciones de las nuevas exportaciones (que no está mal volver a recordar ya se los han cobrado a los productores) para financiar el fideicomiso triguero única medida concreta que el Gobierno tomó hasta ahora.
El llamado campo y la oposición lograron urbanizar el conflicto agropecuario a base de desinformación y apelando a un supuesto sentido común. En cambio el Gobierno y sobre todo la fuerza política gobernante tienen una materia pendiente, urbanizar el debate agropecuario, bajando información clara y concreta a la ciudadanía.
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