El cierre del año pasado en la sede central del Casino de Mendoza transitó con una polémica que enfrentó a la patronal con un grupo de trabajadores y al gremio que los nuclea, UPJCM, a raíz de una medida de fuerza motivada por las fallas en el sistema de ventilación y refrigeración en la sala de juegos tradicionales. La acción sindical (retención del débito laboral) obligó a suspender un torneo de póker en pleno desarrollo, por lo cual desde el Instituto de Juegos y Casinos (IPJyC) denunciaron que existió "abandono de trabajo".
Desde entonces, el nivel de conflictividad entre las partes fue en ascenso. La retención del personal se extendió por otras cuatro jornadas y luego mutó a una huelga por otros tres días más, y asambleas con cronograma de trabajo con relevos de 30 minutos, que se mantienen hasta hoy. Bajo ese escenario, el sindicato presentó una medida autosatisfactiva (de resolución urgente) ante la justicia laboral.
"Nos pusimos a disposición de las autoridades para colaborar con una solución desde que informamos sobre las irregularidades en el funcionamiento de los equipos de refrigeración y extracción; incluso ofrecimos comprar ventiladores, pero no obtuvimos respuesta y tras varias presentaciones en la Subsecretaría de Trabajo, y soportando amenazas por parte del directorio, optamos por acudir a la justicia para defender la salud de los y las trabajadoras", reseñó Martín Caín, titular del sindicato, en diálogo con Sitio Andino.
Martín Caín, secretario general de UPJCM (Foto: Gentileza)
El recurso finalmente fue resuelto por la jueza Elcira De La Roza, de la Primera Cámara del Trabajo, quien falló a favor de la entidad sindical y ordenó al IPJyC -en un plazo de tres días- a reparar el sistema de ventilación/refrigeración/extracción y acreditar su correcto funcionamiento ante el tribunal. En caso de no cumplir con el fallo, se aplicarán astreintes (una multa acumulativa) de $5.000 diarios.
En su dictamen, la magistrada menciona la normativa y jurisprudencia respecto a la obligación del empleador de "implementar todas las acciones para eliminar y evitar las situaciones laborales que supongan una amenaza a la salud y en adoptar todas las diligencias necesarias dirigidas a tutelar la integridad psicofísica de los trabajadores".
Asimismo, refiere que las pruebas aportadas por UPJCM (incluidos una actuación notarial y un informe del área de mantenimiento del instituto) acreditan que los equipos "no se encuentran funcionando", por lo que se afecta el derecho a la salud del público que asiste al casino y del personal, más teniendo en cuenta la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19.
"Existen motivos razonables para creer que la continuidad de la prestación de servicios en las actuales condiciones entraña un peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores", concluye la jueza.
