A través del decreto Nº 1971, el gobierno provincial dispuso -por el término de un año- la emergencia aluvional en Mendoza. Se trata de una medida que ya se adoptó en el pasado y que busca mitigar con mayor eficiencia las consecuencias generadas por las precipitaciones de verano, que en la última temporada se presentaron con una magnitud superior a la media histórica.
La regulación responde a un informe de la Dirección de Hidráulica que advierte sobre la necesidad de atender con urgencia el riesgo aluvional de cara al inicio del periodo estival (noviembre de 2021 a abril de 2022) y remediar los efectos generados por los fenómenos "extraordinarios" ocurridos en el anterior, que asocia al cambio climático que afronta el planeta.
En diálogo con Sitio Andino, la titular de esa área - Yamila Arnosti- remarcó que la emergencia "es una herramienta administrativa para atender de manera ágil situaciones que se vayan presentando producto de diferentes crecidas en el territorio provincial". Sin embargo, aclaró que no demandará mayor presupuesto, sino que otorga potestades excepcionales como contrataciones (de maquinaria y/o personal) y compras directas (de insumos y/o repuestos), sin atravesar -por ejemplo- el proceso licitatorio.
Arnosti (tercera, de derecha a izquierda), directora de Hidráulica (Foto: Yemel Fil)
La pieza legal que lleva la firma del gobernador Rodolfo Suarez y el ministro Mario Isgró dispone, también, que todas las dependencias realicen relevamientos de daños producidos en sus competencias. En ese sentido, la funcionaria informó que Hidráulica "ya tiene cuantificado el daño de los eventos del periodo pasado" y que para atenderlo se ha iniciado la licitación de obras en las zonas más afectadas, como el arroyo seco La Hedionda (San Rafael), el colector Boulogne Sur Mer y Los Cerrillos, entre otras.
Además, mencionó que a lo largo de 2021 "se ha trabajado en un plan de mantenimiento en aquellos lugares que presentan un mayor riesgo para la población como para la infraestructura pública y privada". "La emergencia está relacionada a situaciones impensadas ante un evento aluvional repentino", como la rotura de canales, puentes, caminos; o la evacuación de personas por anegamientos de viviendas o la interrupción de servicios públicos.
Arnosti respondió también los cuestionamientos planteados durante la licitación para las obras de reconstrucción de los puentes de la ruta 40 derribados por las tormentas de febrero. En ese marco, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, reclamó a Hidráulica mejorar los controles en los cauces atravesados por las estructuras viales, fundamentalmente respecto a la labor de las canteras que extraen minerales en la zona.
La crecida del arroyo Los Pozos en febrero de 2021 provocó la caída de un puente en la ruta 40 (Foto: Gentileza)
"Los proyectos de obras de infraestructura deben tener en cuenta que vivimos en una provincia con situaciones aluvionales de recargas de arroyos secos que permanecen la mayor cantidad de tiempo sin caudales y luego tienen caudales que se presentan de manera intempestiva, sumado a que tenemos afectaciones en los cauces. El Estado hoy no puede ser policía del territorio en su totalidad, sino que ponemos atención en seguir a las canteras que no hacen bien su trabajo, sancionarlas, pero es muy difícil controlar que no estén ocupando los lugares nuevamente", explicó.
En tanto, indicó que a raíz de la situación epidemiológica, la dirección que comanda ha cumplido sus labores con el 50% de la planta, por tratarse de personal de riesgo. "La estructura es chica respecto a la problemática en el territorio. Contamos con 30 personas en el área operativa", sintetizó Arnosti.
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