A casi un año y medio de vigencia de la nueva ley de alquileres en Argentina, el Gobierno nacional tiene decidido discutir una nueva reglamentación. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que la norma "fracasó" porque "disminuyó la oferta y retrajo la posibilidad de desarrollar el negocio, generando incertidumbre y dificultades para el inquilino".
Lo que aún no está claro es si será derogada, suspendida por 180 días (como también propuso el tigrense) o si se avanzará en una modificación de la normativa que fuera sancionada en junio del 2020.
Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza subrayaron que la oferta en la provincia desde la entrada en vigencia de la ley "cayó más del 40 por ciento". Así lo indicó a Sitio Andino su presidente, Estanislao Puelles, quien igualmente consideró que derogarla "sería un error", por lo que propuso introducir cambios en el parlamento para "dotar de mayor certidumbre tanto a inquilinos como a propietarios".
Puelles, presidente del Colegio de Inmobiliarios
"Lo hemos hablado con legisladores nacionales, tanto del oficialismo como de la oposición. Planteamos retomar al plazo mínimo de contrato de dos años y que la actualización sea de común acuerdo entre las partes, porque dejarla atada a la indexación actual, que hoy se posiciona en torno al 51% anual, evidentemente no es el camino. Retocando esos dos puntos sensibles, creo que se podría recuperar gran parte de la oferta perdida", puntualizó.
Además de la disminución de las propiedades para alquiler y el incremento del valor de mercado, Puelles hizo hincapié en otras dos consecuencias "muy negativas", que -según su apreciación- trajo aparejadas la nueva ley: el aumento de la informalidad en los contratos y la caída de la construcción de viviendas para alquiler. "Frente a la incertidumbre jurídica respecto al derecho de la propiedad, la rentabilidad más baja de la historia y una ley que no colabora, conlleva un escenario poco atractivo para la construcción", analizó.
Respecto a los aspectos positivos, mencionó la variable en cuanto a las garantías, la fijación a cargo del propietario de las expensas extraordinarias, "y otros aspectos que anteriormente navegaban en lo gris por los que la ley vino a poner blanco sobre negro".
Micaela Ontiveros (Foto: Facebook)
Por el lado de los inquilinos, acusaron al Ejecutivo de no haber controlado su cumplimiento ni difundido su alcance. "Fracasó la política de vivienda del Gobierno nacional y el control de la Afip y el Ministerio de Hábitat, que permitieron una evasión multimillonaria de los rentistas de Argentina, que cada vez son menos y tienen más viviendas", señaló el presidente de la ONG "Inquilinos Agrupados", Gervasio Muñoz, uno de los impulsores y defensores de la ley.
Meses atrás, la referente de esa entidad en Mendoza, Micaela Oliveros, postuló en el programa "Es Por Acá" de Radio Andina (FM 90.1) que la norma "sacó a la luz varias discusiones respecto al derecho humano a la vivienda, como la desigualdad entre locatario y locador, la falta de acceso, la necesidad de regulación del mercado inmobiliario y la falta de voluntad política para terminar con la discrecionalidad de los propietarios".
"Las clases dominantes cada vez que se les pone un límite, no soy muy receptivas. Siempre que se trate de que el rico se enriquezca menos, se arma este revuelo. Por eso consideramos fundamental defender la vigencia de esta ley", concluyó.