La acumulación de vehículos con medidas judiciales, abandonados, perdidos o decomisados en las playas de secuestros de la Policía Vial o de los municipios representa un problema latente para el medioambiente y un riesgo para la ciudadanía, no sólo para la salud, sino también para su seguridad, ya que son establecimientos blanco de vandalismo permanente (robos, incendios, desguace, etc.). En comisiones del Senado de Mendoza se evalúan dos proyectos de ley que buscan sumar soluciones a las que ya establecen la normativa provincial y nacional.
Por un lado, se pretende crear un programa local que agilice y transparente el proceso de compactación de los rodados sujetos de destrucción; y por el otro, establecer un sistema de adjudicación a personas con discapacidad de aquellos cuyo propietario haya perdido todo derecho sobre el bien.
Se trata de dos iniciativas diferentes que fueron acumuladas en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la cámara alta, y que podrían unificarse en un texto común que integre ambas propuestas y pueda ser tratado en el parlamento.
Garantizar derechos y descomprimir depósitos
Rolando Baldasso (PRO) es el autor del proyecto que busca instaurar un sistema de adjudicación de vehículos depositados por secuestro en las playas de la policía vial, y están sujetos a medidas judiciales por causas administrativas, a favor de personas con discapacidad, que necesiten de un vehículo para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudio, capacitación, rehabilitación, etc.
Estadísticas oficiales marcan que el 6,4 por ciento de la población mendocina tiene alguna discapacidad, y de ese universo el 36% corresponde a cuestiones motrices y un 25% a razones visuales. "Entendemos que se tratará de una política pública que beneficiará a un gran número de ciudadanos y cumplirá con las pautas desarrolladas a nivel internacional destinadas a facilitar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible y a un costo asequible", afirma el impulsor del proyecto.
Para ser beneficiario del programa, se deberán cumplir dos etapas: registración del solicitante/selección del vehículo, y adjudicación del bien. En la primera participarán los juzgados de Tránsito y en la segunda los juzgados de Paz.
Las adaptaciones de los ceh{iculos estar{an a cargo de los beneficiarios
Para ello se creará un registro de aspirantes que deberán cumplir con una serie de requisitos e indicar el fin por el que solicita el vehículo, que puede ser conducido por sí mismo o por un tercero en caso de que su discapacidad se lo impida. Simultáneamente, se dispondrá de un listado de rodados disponibles para la cesión.
Previamente se hará una preadjudicación y el beneficiario contará con un plazo para efectuar las adaptaciones necesarias al vehículo, que correrán a su cargo. Una vez entregado definitivamente, se dispondrá de 90 días para concluir la inscripción en el registro del automotor, que será libre de todo impuesto o gravamen provincial que pudiera existir sobre el bien con antelación.
Los vehículos adjudicados serán inembargables y no podrán ser vendidos, donados, permutados, utilizados como garantía de créditos, cedidos ni transmitidos a título gratuito u oneroso en vida del beneficiario.
Agilizar y reglamentar la disposición final
La propuesta de Baldasso fue acumulada a una presentada con anterioridad por Marcelo Rubio (UCR), que prevé la conformación del Programa Provincial de compactación, descontaminación y desguace de autos y motos (Promecom), que tiene como objetivo "la agilización y transparencia de los procesos en el marco de un ordenamiento de los predios de secuestros".
Según su autor, el proyecto "pretende ofrecer una solución concreta para la disposición final de vehículos secuestrados por infracciones de tránsito o que se encuentren abandonados en la vía pública; a la vez que permite generar recursos genuinos derivados de su disposición final, que permiten subsanar los gastos generados por su estancia en los predios".
Además, prevé la fundación de un registro único de vehículos secuestrados en Mendoza, que estén bajo guarda de las autoridades federales, provinciales o municipales, a fin de optimizar el seguimiento y control de cada unidad.
