El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación busca avanzar este martes en comisiones con el dictamen del proyecto de ley del diputado Federico Fagioli que contempla la creación de una coordinación interministerial que aplique políticas públicas transversales de salud, vivienda y trabajo para las personas en situación de calle del país.
En diálogo con el programa "Es por Acá" de Radio Andina (FM 90.1), el legislador del Frente de Todos señaló que el objetivo es tratarlo en el Congreso en el transcurso de julio y que sea aprobado por unanimidad, o con el mayor acompañamiento posible del arco opositor.
La iniciativa prevé la construcción de un espacio del que participen distintas carteras (Desarrollo Social, Salud, Hábitat, Mujeres, Educación y la Sedronar), articulado también por el INDEC y las organizaciones sociales que trabajan la problemática desde hace años.
"De este modo se hace un abordaje integral para tratarla, también con las provincias y municipios, que con esta herramienta les permitirá mejorar, ampliar y lograr hacer un trabajo más sólido" en la materia, indicó Fagioli.
Según el autor del proyecto, se busca mejorar la intervención estatal y avanzar hacia un "proceso de reintegración, acompañado por equipos interdisciplinarios, con el eje puesto en el trabajo, la formación en oficios, la terminalidad escolar y el acompañamiento sanitario".
Para ello, se propone la creación de los "Centros de Integración Social", que reemplazarían a los refugios o paradores que subsisten en algunas jurisdicciones. "Reemplazamos la lógica del parador, que es más hostil y sólo cumple la función de ir a dormir y comer, por un espacio que oficiará de casa las 24 horas, con acompañamiento terapéutico para en algún momento volcarse nuevamente en el mundo del trabajo, anclado fundamentalmente en la economía popular, los polos productivos y cooperativas de trabajo", explicó el diputado.
Por otra parte, la iniciativa contempla la creación de un registro nacional de personas en situación de calle o en riesgo de serlo, que se actualice anualmente. "Al no tener domicilio ni DNI, quedan afuera de acceder a un montón de beneficios y políticas sociales como el IFE, la tarjeta Alimentar, etc.", destacó su autor.
"Hay un desconocimiento general que ha generado que las políticas sean insuficientes, con un abordaje escaso o nulo. El Estado tiene la capacidad de desarrollar políticas que permitan resolver esta problemática y se destinen los presupuestos necesarios para este sector extremadamente vulnerado. El objetivo final es que puedan tener un trabajo y resolver los problemas sanitarios y de salud mental, así como tener su vivienda", concluyó Fagioli.