La investigación sobre el juez federal Walter Bento y otras 15 personas, por presuntamente formar parte de una asociación ilícita que recibía coimas para favorecer a acusados y procesados en diferentes estados de sus causas, generó un cimbronazo en los tribunales mendocinos. Sin embargo, ese estado de ebullición no se trasladó a la política, que por el momento observa el proceso desde un costado.
El mensaje, más allá del partido político desde donde se emita, es prácticamente uniforme: que la Justicia investigue y, si se comprueban las graves denuncias, que los responsables sean condenados.
El gobernador habló sobre el caso Bento en su paso por godoy Cruz (Foto: Yemel Fil)
Palabras más, palabras menos, fue esa la definición que lanzó este mediodía el gobernador Rodolfo Suarez sobre el caso, durante su recorrido a un centro de vacunación Covid-19 en Godoy Cruz.
"Todo lo que haga a la institucionalidad y las sospechas sobre una institución, me preocupa mucho como argentino y mendocino, y no me gusta", señaló el primer mandatario al ser consultado al respecto.
No obstante, aseveró que mientras exista una instancia judicial abierta, "la política tiene que callarse" y esperar que la Justicia "hable y resuelva". Algo que -por lo pronto- se cumple religiosamente.
Las elecciones, un horizonte cercano cuyo control está en duda
Más allá de las relaciones políticas que Bento pudo haber construido desde su llegada al Juzgado Federal Nº 1, la atención está centrada hoy en los comicios legislativos de medio término de este año. Es que como juez con competencia electoral, el magistrado es el encargado de controlar todos los procesos democráticos vía voto en la provincia.
Todo el arco político -entonces- se muestra expectante con el futuro del imputado y puntualmente con lo que se decida en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que deberá definir -más allá de lo que ocurra con la causa penal- si cabe una multa, suspensión o bien directamente la remoción del cargo.
Si el órgano que avalúa el desempeño de los magistrados resolviera que continúe en el cumplimiento de sus funciones, se crearía un contexto político incómodo, donde la transparencia de las elecciones debería salvaguardarse por una persona imputada por delitos que prevén penas de prisión -en su máximo- que superan los 40 años.