El este provincial está convulsionado por el caso Norali Hornz, la abogada y empleada judicial que fue acusada de haber estafado a decenas de personas, la mayoría de estos compañeros suyos, con una falsa encuesta a través de la cual obtuvo datos personales de sus allegados para sacar múltiples préstamos -algunos de ellos de montos millonarios-.
La causa que comenzó siendo instruida por la fiscal de Rivadavia, Valeria Bottini, pasó hoy a manos de la fiscalía de San Martín y las autoridades dispusieron que sean dos fiscales quienes instruyan el caso: Gustavo Jadur y Martín Scattareggi.
Esto, porque en las últimas horas se determinó que cerca del 90% del personal de la Oficina Fiscal y Unidad Fiscal de Rivadavia son damnificados.
Hasta el momento la causa ya tiene cerca de 30 denuncias, pero aún restan sumar todas las presentaciones que se hicieron a través de internet, por lo que el número sería mucho más elevado. Esto, provocaría que en las próximas horas la causa sea derivada a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
La principal sospechosa, hoy prófuga de la Justicia, es una abogada y empleada de la Unidad Fiscal Correccional de San Martín, que tiene 34 años y que ingresó al Poder Judicial en el 2010 con uno de los mejores promedios en ese momento.
Norali Hornz es integrante de una familia conocida en San Martín y el caso ha revolucionado al este provincial. No obstante hay víctimas en el Gran Mendoza y hasta un hecho en San Rafael. Varios de los damnificados son auxiliares y secretarios del Poder Judicial.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la sospechosa usaba una falsa encuesta para luego pedir foto del DNI de la persona que respondía las preguntas (escuchar audio).
Luego falsificaba firmas y hasta fabricó bonos de sueldos, con los cuales sacó múltiples préstamos en distintas compañías financieras, como Crédito Mágico, Crédito Argentino, Montemar y la Caja Forense, entre otros.
En ese sentido, la justicia analiza caso por caso para determinar todos los delitos en los que habría incurrido la sospechosa.
En base a todas las denuncias recibidas hasta el momento, se calcula una estafa que supera los 6 millones de pesos. Esto, sin tener en cuenta todas las denuncias que aún no han sido recibidas por los fiscales -las que se hicieron por internet y están en espera-.
El caso sorprendió hasta los propios investigadores judiciales, quienes este miércoles, al ver la sumatoria de denuncias, admitieron que están "ante uno de los casos más complejos de los últimos años".
Mientras se suman las víctimas, la policía tras los pasos de la sospechosa. Hubo allanamientos en su casa y en viviendas de familiares, pero ninguno de ellos fue positivo.