El micromundo de las redes sociales representa un ecosistema donde -además de informarse, distenderse, compartir momentos agradables, adquirir conocimiento, etc.- también se cometen delitos, siendo los niños, niñas y adolescentes los más expuestos a ser víctimas de los denominados "ciberacosadores". La pandemia de Covid-19 y la necesidad del aislamiento para evitar mayores contagios han provocado un aumento considerable de casos de grooming, que es cuando un adulto contacta a un/a menor a través de internet con el propósito de establecer alguna conexión emocional con fines sexuales.
En Mendoza, desde la llegada del coronavirus este delito creció un 30%, según un estudio de la ONG "Grooming Argentina". Uno de cada tres menores de 18 años ha sufrido una situación incómoda en Internet y el 37% asegura que sus padres no están al tanto de los perfiles que tienen en redes sociales.
En Argentina, a fines de 2013 se sancionó la Ley N° 26.904, que incorporó un artículo en el Código Penal, el cual establece penas de 6 meses a 4 años de prisión a un acusado de grooming. En tanto, la Ley N° 27.590 creó el "Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming y/o Ciberacoso" a fin de que el Estado optimice recursos y fortalezca una red que enfrente este problemática.
En el ámbito local -en tanto- desde 2018 está vigente la Ley N° 9.132 que obliga al Estado provincial a establecer políticas públicas que garanticen la concientización, prevención y erradicación de este y otro delitos que puedan cometerse desde la virtualidad.
Por otra parte, a fines del año pasado, el Gobierno y la DGE firmaron un convenio con la citada ONG para aunar esfuerzos con ánimo de detener el grooming y propiciar el desarrollo humano integral. Desde entonces se profundizaron las campañas de prevención en las escuelas mendocinas.
Más allá de estos antecedentes, la pasada semana ingresó a mesa de entradas del Senado un proyecto de ley de las senadoras radicales Natacha Eisenchlas y Mercedes Rus, que prevé la creación de un programa provincial para la "Prevención, Concientización, Abordaje y Erradicación del Grooming y Ciberacoso".
Entre otras cuestiones, establece que la autoridad de aplicación -que sería la Dirección de Juventudes- deberá generar conciencia sobre el uso responsable de las TIC, capacitar a la comunidad educativa (personal, estudiantes y padres) sobre los ciberdelitos, informar sobre las vías para denunciarlos, promocionar el uso adecuado de redes sociales, diseñar campañas en medios masivos de sensibilización y modos de actuar frente a una situación de ciberacoso, y confeccionar un protocolo para guiar a la población sobre las nuevas modalidades de acoso y violencia escolar, indicando los pasos a seguir.
Eisenchlas (frente) y Rus (atrás), autoras del proyecto (Foto: Prensa Senado)
"Durante el diseño del proyecto descubrimos que hay mucho desconocimiento, tanto de las potenciales víctimas como de las familias, sobre la existencia de este delito, que está tipificado en el Código Penal, y que puede ser denunciado incluso anónimamente (a través de la línea telefónica 137)", señaló -en diálogo con Sitio Andino- la legisladora Eisenchlas.
Por tal motivo, reparó en la importancia de establecer un protocolo"que involucre a los municipios, al Ministerio Público Fiscal y al Estado provincial" que concientice a la sociedad, fundamentalmente a los y las jóvenes. "No cabe responsabilizar a los padres que no pueden estar todo el tiempo viendo lo que hacen sus hijos en Internet, menos en este contexto de plena expansión de la virtualidad, donde es mucho más fácil que caigan en las garras de estos abusadores", planteó.
"No es necesaria"
Ana Sevilla es la autora de la iniciativa que más tarde se convirtió en la Ley 9.132. Actualmente al frente de la dirección de educación de la Municipalidad de Maipú, la ex senadora señaló a este medio que " no hace falta una nueva ley, con cumplir la que está vigente es suficiente".
Sevilla dejó su banca en 2019. Hoy es funcionaria de Maipú (Foto: Prensa Senado)
La dirigente peronista señaló que al tomar conocimiento sobre el texto de Eisenchlas/Rus "pensé que es una barbaridad duplicar un proyecto que llevó mucho trabajo legislativo y que salió (a fines de 2018) con el consenso de todas las fuerzas políticas".
"Es una pena que no haya existido voluntad del Ejecutivo de aplicar una ley que tantos beneficios le trae a la población, y haber desperdiciado las herramientas que le otorga en un año signado por la pandemia, donde los chicos están más expuestos que nunca", lamentó Sevilla.
Eisenchlas, por su parte, reconoció que la norma que impulsó Sevilla fue estudiada y valorada como antecedente para el diagrama de su proyecto, aunque diferenció ambas propuestas. "La ley refiere al establecimiento de una política pública (anti grooming), no un programa específico y detallado como el que proponemos; porque cuando es general nadie se hace cargo de su aplicación", aseguró.
