La sesión del pasado miércoles en Diputados se abrió con la aprobación de una resolución mediante la cual se designaron las integrantes de la Comisión Especial de Género y Erradicación de Trata de Personas, un espacio que desde fines de 2016 no funcionaba y cuyo pedido de reflotarlo se reavivó tras el femicidio de Florencia Romano, el cual desnudó las falencias del sistema estatal en el abordaje de este tipo de casos.
La medida se adoptó luego de que en Legislación y Asuntos Constitucionales se analizara un proyecto de la diputada Laura Chazarreta (FdT/PJ) en el que solicitaba la conformación del cuerpo encargado -entre otras cuestiones- de dictaminar sobre todo asunto o proyecto concerniente a los flagelos que afectan a las mujeres y personas LGBTTTIQ+.
La legisladora peronista -que es una de las diez miembros- celebró la decisión de la Cámara Baja, la cual vinculó a "las luchas de mujeres, diversidades y a la insistencia de diputadas" de su bloque, a fin de que "nuestras vidas y realidades sean priorizadas en la agenda política, social y económica".
"Los feminismos venimos a transformarlo todo. Nos emocionamos con este inmenso logro colectivo", escribió en Twitter.
Además de Chazarreta, la comisión la integran las radicales María José Sanz, Cecilia Rodríguez, Paula Zelaya, Sandra Mónica Astudillo y Daniela García; Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista; y Verónica Valverde, Laura Beatriz Soto y María Cristina Pérez, del Frente de Todos.
Esa conformación fue motivo de un reclamo de la diputada del FIT/PTS Mailé Rodríguez, quien si bien apoyó la resolución, cuestionó que se dejara afuera a terceras fuerzas "como si no fuésemos parte del enorme movimiento de mujeres que está visibilizando la lucha histórica por nuestros derechos".
"Es un escándalo. El Frente de Izquierda milita día a día por los derechos de las mujeres y somos parte del colectivo Ni Una Menos", lamentó la docente. La disposición que regula el funcionamiento del espacio señala que los y las participantes deberán ser "representativos de los bloques mayoritarios y minoritarios proporcionalmente".
Sus funciones
En una entrevista con Sitio Andino a principios de febrero, cuando su proyecto tomó estado parlamentario, Chazarreta destacó que la comisión representa "una herramienta para dar respuestas al pueblo, a fin de avanzar en leyes que contribuyan a disminuir las desigualdades existentes, reconocer derechos y que sean debatidas garantizando la perspectiva de género". Asimismo, servirá para poner en agenda el flagelo de la trata. "Un tema del que casi no se habla y donde el 90% de las víctimas son mujeres adolescentes y niñas", sostuvo la diputada.
Pero, ¿qué dice la letra chica respecto a las funciones del cuerpo parlamentario? El espacio tendrá "amplias facultades para trabajar y solicitar información" sobre temas y tópicos relacionadas al género y la trata de personas. Entre ellos destacan:
Políticas públicas que desarrollan Nación, Provincia y los municipios.
Revisión y modificación de leyes.
Análisis y difusión de programas y estadísticas provinciales y nacionales.
Visitar y solicitar información a todos los organismos, instituciones y organizaciones pertinentes, ya sean ejecutivos, legislativos, judiciales, como de la sociedad civil.
Emitir dictámenes y opiniones, respecto a la lucha contra la violencia y desigualdades de género, y la trata de personas, así como sobre su abordaje.