De reunión en reunión, y de llamada en llamada, son días movidos para el ministro de Economía Enrique Vaquié. Entre la negociación abierta con IMPSA para que el Estado mendocino se sume como accionista, y el decreto nacional 191 que impulsa un nuevo régimen de Promoción del Empleo desde el 1 de abril que en un principio marginó Mendoza, actúa como arquitecto de frentes estratégicos para la gestión Suarez, en una relación con la Nación que transita un delicado equilibrio.
Antes de que se reconsiderara, en favor de Mendoza, el reclamo por la llamada "Nueva Promoción Industrial" que recorta hasta 80% aportes patronales para nuevas inversiones durante 1 año para el Norte argentino con San Juan, y mientras prepara el proyecto de ley para validar la inversión en IMPSA la multinacional mendocina, Vaquié dialogó con Sitio Andino sobre el mercado laboral, el refuerzo de acciones para el despegue económico y las decisiones del Ejecutivo para 2021.
"Frente a esto (el decreto del Gobierno nacional) se necesita un bloque Mendoza muy sólido, no solo político sino también con el sector privado, empresarios y trabajadores, porque los que terminan perdiendo con esto son ellos. Y los futuros", señaló el funcionario, que tras hablar al respecto la noche del jueves 25 con su par de Desarrollo Productivo nacional, Matías Kulfas, arrancó el viernes con la instrucción a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado para un reclamo judicial al respecto.
¿Qué tanto puede afectar un régimen de estas características a Mendoza en la situación actual?
El principal perjuicio es a los trabajadores, como pasó en 1977 con la vieja Promoción Industrial, que era por poco tiempo pero duró hasta 2013, y provocó una cantidad incalculable de mendocinos que no consiguieron laburo. Después están los extremos que cierran, y los que pierden competitividad, dinero, y por eso invierten menos. Es una cuestión colectiva. Por eso, con algo así debemos estar todos juntos, sin especular, peleando contra el punto, que es que se favorece a otras provincias y a Mendoza no.
Esto se da con estadísticas de desempleo desfavorables (casi 11% a fines de 2020). En Mendoza había descendido en medio de la pandemia y volvió a subir. ¿Cuál es su análisis al respecto?
Sí, pero la tasa de actividad subió. Eso implica que más gente buscó trabajo, muchos consiguieron y otros no. En otras provincias la tasa de actividad llega al 44,5% de la población, y en Mendoza es de casi 50%. Eso demuestra una característica de Mendoza, la de un pueblo laburador, donde la gente sale a buscar. Después hay otro factor con mayor impacto, como el turismo extranjero, que durante 2019 ocupó cerca del 40% de las noches de hotel; la falta de turistas extranjeros y de convenciones pega mucho más arriba de la media. Lo sufrimos el año pasado y, dada las últimas restricciones, da la sensación de que lo seguiremos sufriendo, y por ende los esfuerzos deben ser más fuertes.
En 2020 apostaron al programa Enlace para estimular contrataciones. ¿Por allí pasará ese refuerzo?
Los programas que lanzamos en pandemia pensando en que se extendieran van a seguir: en abril vamos a enviar los proyectos de ley de Mendoza Activa 2 y Enlace 2, con el aprendizaje de lo ocurrido con la primera versión. Mendoza Activa fue algo nuevo, y hemos aprendido mucho en estos 9 meses; y Enlace apuntaba a cubrir parte de los programas de entrenamiento laboral que la Nación no cubría por encima de los 24 años. Básicamente, para mendocinos/s de 18 a 55 años. De esa experiencia surgieron novedades que el gobernador va a anunciar oportunamente.
A través de Mendoza Activa se inyectaron millones para apalancar la reactivación ¿Su balance?
Llevamos alrededor de 2 mil proyectos aprobados (NdR: el programa devuelve el equivalente al 40% de las inversiones beneficiadas, de construcción, comercio, industriales y agrícolas. Asigna casi $1.500 millones para 2021, sobre un total de $4.400 millones). Hemos ido mejorando, a través de cambios permanentes dentro de lo que permite la ley, y a la vez también del sistema de billeteras virtuales, que tampoco existía. Ahora queremos impulsar las modificaciones impedidas legalmente hasta ahora, con otro proyecto de ley.
IMPSA y PRC, las apuestas estratégicas
Algo que cuando detonó la pandemia no estaba en los planes del Ejecutivo mendocino, y quizá tampoco de la Nación, era capitalizar a IMPSA. Al terminar el primer trimestre del 2021, la posibilidad de que el Estado se convierta en accionista mayoritario ya es real y palpable.
¿En qué consiste el proyecto que va a la Legislatura?
El uso de fondos públicos (para adquirir una cuota de acciones clase C por u$d 20 millones ) debe ser por ley, más allá de que sea constitucional o no sacarlo por decreto. En un país democrático, cuando se usan recursos no previstos en el presupuesto debe definirse con un debate. Pero todavía no tenemos toda la información necesaria: aunque uno intuye que sí, tampoco está claro si el Gobierno nacional quiere participar. No solamente para poner plata, sino como se va a comportar con los trabajos que Impsa puede hacer, como las turbinas de Yacyretá o el plan nuclear, si va a otorgar avales para competir en licitaciones internacionales. En definitiva, si interesa Impsa como empresa estratégica y generadora de un recurso humano superior al 99% de las empresas que hay en el país.
Pero quieren hacer valer otras cláusulas....
Otro punto que puede decidir o no es que la empresa quede en Mendoza, y también su capital humano, es decir, soldadores e ingenieros. Y ya que Nación va a tener una porción abrumadora de capital, que nos den dinero, porque no tenemos todo lo necesario para hacerlo. Además de la designación de un director y un síndico, y, por llamarlo de alguna manera, una "cláusula anti-ñoquis", que es de difícil escritura pero tiene que permitirle al síndico controlar que Impsa siga siendo una empresa como lo es hoy y no capte empleados sin necesidad o por "otros motivos". Esto, más allá de que, sin duda, el convenio termine siendo un queso con varios agujeros...
Son u$d 5 millones de un total de u$d 20 millones que ya está bajo la lupa de Fiscalía de Estado en cuanto al compromiso patrimonial de la Provincia. ¿De donde saldría la plata?
Llegó la nota del fiscal, que pide datos sobre la intervención. Lo central de la respuesta es que será por ley, pero, nuevamente y al margen de eso, no contamos con todo el dinero para hacerlo. Una parte, por ley de Sociedades, hay que integrar el 25% al contado y el resto en cuotas, hasta en 4 años, para lo cual el Gobierno nacional debería aportar también.
No todos en el sector privado están de acuerdo. Por caso, Asinmet, que dice que con ese dinero se podría impulsar un plan estratégico en beneficio de muchas pymes metalmecánicas de Mendoza....
Lo que puedo decir es que desde que entró en este proceso hace 6 o 7 años atrás, el Gobierno nacional dejó de considerarla, aún cuando salía calificada primera en las licitaciones como la del proyecto de la megarepresa Kirchner-Cpernic en Santa Cruz y en dos ocasiones le pidieron que "se bajara", o la descalificaron del proyecto Chihuidos, o tuvo el problema con Venezuela, donde el Gobierno no le pagaba, y también en Brasil, lleva mucho tiempo sin ser la empresa que era. Según como se vea, podría decirse que la metalmecánica mendocina se construyó alrededor de Impsa.
En retrospectiva, no es igual e indudablemente tuvo problemas que la trajeron hasta acá: primero la pérdida de acciones por la familia, y ahora esto. Lo primordial entonces es cuánto, la posición de la Nación, y si podrá volver a trabajar, no como en su época dorada, sino con alguna normalidad. Habría que determinar también algo: ¿cuántos contratos nominados firmó la empresa para la licitación de Portezuelo? Se presentó sola, sin contratos de pymes mendocinas atrás en la parte de hidro y electromecánica, o con varias de ellas? Así podríamos saber qué grado de integración planteó en el único proyecto concreto de los últimos años.
Junto a Potasio Río Colorado, y salvando las distancias ¿son las dos grandes apuestas estratégicas de la Provincia?
Ambas decisiones llegan porque el mercado no funciona. Una característica de Argentina. Lo ideal, en un país capitalista como este, es que PRC hubiera completado su inversión para empezar a trabajar allá por 2013, pero la política nacional y provincial de aquél momento hicieron que se frenara; después, las mismas condiciones del país hicieron que Potasio no encontrara un inversionista, y también por los problemas de Vale no lograra hallar un socio por si misma. El Gobierno debe intervenir porque hay una manifiesta falla del mercado. Y con Impsa pasa lo mismo: nos encontramos con esto "sobre el pucho" y tenemos que hacerlo. Ambas son trascendentales y tienen que funcionar; por supuesto, eso suma responsabilidades.