El Senado mendocino aprobó este martes el proyecto de ley que modifica la ley nº8284, la cual creó la Comisión Provincial de prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. La propuesta fue rechazada por la oposición y recibió fuertes críticas de los organismos de derechos humanos.
La iniciativa elimina el concurso público con el que actualmente se elige al Procurador de las Personas Privadas de la Libertad. De esta manera, si la norma obtiene sanción final en Diputados, se podrá llegar al cargo solo con acuerdo de la Cámara Alta tras el envío del pliego por parte del Ejecutivo: hasta ahora, existe una Comisión Asesora que evalúa a las y los postulantes y define una terna vinculante para que el jefe de Estado elija.
Asimismo, se limita la presencia de las organizaciones no gubernamentales en la conformación de Comité Provincial. De esta manera, se pasa de una composición de 12 integrantes a cinco, de los cuales solo dos podrán ser de ONGs.
Debate semipresencial en el Senado. Foto: Legislatura.
Por otra parte, el proyecto (que fue presentado por el ex gobernador Alfredo Cornejo antes de irse) ubica a la Comisión a la órbita de la Unidad Legislativa. "Así se le asignará mayores recursos", aseguró en la sesión la senadora Mercedes Rus (Cambia Mendoza-UCR), informante del oficialismo.
"El proyecto pretendía reestructurar la composición de Comité local en orden a cumplir el principio de eficiencia. Vemos un gran avance en materia de promoción de derechos. Queda muchísimo por hacer, y un paso importante va a ser que tenga presupuesto y una radicación precisa", indicó la legisladora.
Cecilia Juri (Frente de Todos) sostuvo que la propuesta "es un retroceso" para Mendoza. "El diseño institucional de esta Comisión ha sido tomada como ejemplo a nivel nacional e internacional por ser la primera en prever un concurso de antecedentes y oposición para los miembros. Es poco transparente y negativa esta modificación, y se reduce a la mínima expresión la participación de la sociedad civil", señaló.
"Se quiere mostrar a Mendoza como al cuna de las libertades democráticas y la República pero llevan adelante estas políticas", manifestó Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda.
Pablo Salinas.
El abogado Pablo Salinas, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), sostuvo a SITIO ANDINO que podría haber sanciones para el Estado argentino por los cambios en la ley.
"Esto es lamentable que en plenas audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) den un paso atrás con esto. Esto va contra todos los avances y las mismas políticas que pretenden defender cuando quieren ingresos por concursos en la administración pública. Atrasa cien años. Desde la CIDH sostuvieron que tenías muchísimo temor a que pasara esto. Puede generar responsabilidad internacional para el Estado argentino", manifestó.
El especialista recordó que las y los integrantes de los organismos de derechos humanos que integran el Comité trabajan ad honorem. "Son herederos del espacio que había formado el padre Contreras, Roberto Chediak, Luis Triviño. Ahora van a quedar funcionarios nombrados por el Ejecutivo y un representante de la Federación de Abogados que hoy pertenece políticamente al Gobierno", detalló.
"La esencia del Comité es ser un organismo de control. Le hace mal a la democracia. Mendoza está cayendo muy bajo institucionalmente. Vamos al Santiago del Estero de los Juárez y al San Luis de los Rodríguez Saá", consignó Salinas.