La salida de Jorge Nanclares de la Suprema Corte se da en un contexto complejo en el máximo tribunal, con una grieta que cada día recrudece más, y con su nombre expuesto tras la "rebelión" de los jueces ante el intento -trunco- de trasladar el personal del fuero civil al de familia, y que se conociera que su secretaria privada percibía un alto salario.
El desgaste del último tiempo desbordó al juez supremo, quien después de 33 años como ministro de la Corte presentó su renuncia. Tan espeso se encuentra el ambiente, que el magistrado no pudo "aguantar" la demora en los trámites jubilatorios y se tomó licencia a partir de este jueves.
De este modo, se corrió de la responsabilidad de seguir definiendo situaciones que sus seis compañeros de tribunal lo obligaban a "desempatar", otorgándole mayor peso político a cada voto suyo.
El ejemplo más claro es lo ocurrido con el llamado a un concurso público por dos cargos de secretarios relatores que hoy ocupan interinamente personas ligadas al ala radical de la Corte, fundamentalmente a Dalmiro Garay.
Mario Adaro -según fuentes judiciales en desacuerdo por la designación de los relatores y la remoción de una empleada que ya cumplía esa función- motorizó una acordada convocando al concurso, asignando un Tribunal Calificador cercano al peronismo. Tanto la resolución de los nombramientos, como esta acordada, llevaban la firma de Nanclares.
La respuesta del radicalismo no se hizo esperar. En base a tecnicismos respecto a que el jurado no está integrado por un especialista en Derecho Administrativo y que el llamado debió centrarse en el ámbito del Derecho Público por las características del cargo a cubrir, Garay y Pedro Llorente solicitaron al presidente de la Corte que suspenda el concurso. Y Nanclares accedió.
En definitiva, en los próximos días se publicará otra acordada con las nuevas bases y condiciones que se definan en la Corte.
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