El oficialismo presentó un proyecto de ley para crear un registro de autoexcluidos de juegos de azar en la provincia para proteger a personas con problemas de ludopatía para que no ingresen a ningún casino ni puedan realizar apuestas.
El oficialismo presentó un proyecto de ley para crear un registro de autoexcluidos de juegos de azar en la provincia para proteger a personas con problemas de ludopatía para que no ingresen a ningún casino ni puedan realizar apuestas.
La iniciativa fue elaborada por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Mercedes Rus, quien se desempeño en los últimos años como directora del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC).
Concretamente plantea la creación del Registro Único de Autoexcluidos de Mendoza (RUAM), que se trata de un sistema informático que consignará la información de todas las personas autoexcluidas de juegos de azar de la provincia.
De esta manera, cualquier persona que crea tener problemas con el juego puede firmar un acta de autoexclusión que contiene su voluntad de no ingresar a ningún casino de la Provincia y/o de no jugar ni apostar en ningún juego autorizado, cualquiera sea la modalidad, por un tiempo determinado. Se establece un mínimo de 3 meses y un máximo de 60 meses.
El acta implica su inclusión en el RUAM a fin que los operadores de casinos y juegos autorizados, puedan contar con herramientas para viabilizar el cumplimiento de dicha autoexclusión y los derechos del autoexcluido. Asimismo, vencido el plazo el levantamiento es automático por sistema.
El proyecto fija como autoridad de aplicación de la eventual norma y del RUAM al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) y establece una serie de obligaciones mínimas para este organismo y también para los casinos públicos y privados y operadores de juego.
Entre los fundamentos expuestos por la senadora Rus, se destaca que durante la última gestión del instituto se dictó una resolución que modificó el paradigma "dejando de considerar al jugador autoexcluido' como infractor', sujeto al poder coercitivo y represivo estatal; para pasar a ser sujeto de protección'".
En este sentido aclara que "el Estado debe considerar al mismo sujeto de protección y darle herramientas de ayuda a su voluntad, y no reprimirlo frente al posible incumplimiento de su obligación de no ingresar a casinos".