En menos de un mes y en representación del Estado provincial, el Gobierno de Alfredo Cornejo se presentó como querellante en diversas causas en la que entendió que se ha sentido ofendido o perjudicado por un delito.
24 de junio de 2026
En menos de un mes y en representación del Estado provincial, el Gobierno de Alfredo Cornejo se presentó como querellante en diversas causas en la que entendió que se ha sentido ofendido o perjudicado por un delito.
La primera, de trascendencia, fue a finales de agosto, en la denominada "causa contra la Tupac", la organización comandada por Nélida "Nelly" Rojas en Mendoza, que está en ojo de la justicia por el fraude con fondos nacionales que llegaban a las cooperativas que manejaba la Tupac y que terminaron con varios barrios sin construir.
Luego de que la Suprema Corte de la Nación otorgara competencia a la justicia provincial para retomar la investigación de este presunto ilícito, Cornejo instruyó al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, para que la Provincia se constituya como querellante, entendiendo que hubo "perjuicio al erario público provincial".
En tanto, la semana pasada, se conoció que desde el Ejecutivo también se ordenó presentarse como querellante en la causa contra un grupo de manifestantes que protagonizó una serie de incidentes con policías que custodiaban la Legislatura durante el tratamiento del Código de Faltas en Diputados.
Tras los hechos en lo que, según un video difundido por la Legislatura, un grupo intenta ingresar a la Casa de la Leyes, tres efectivos resultaron con heridas de diversa. Por esta razón, el Gobierno también accionará y será parte del proceso.
Aún con el dispositivo de prevención realizado hubo agresiones por parte de algunos manifestantes (muchos de ellos encapuchados) quienes quisieron ingresar la Legislatura por la fuerza; agrediendo a las fuerzas de seguridad que estaban apostadas en forma preventiva en la puerta. pic.twitter.com/DrHBRYaRGv
— Legislatura Mendoza (@LegisAbiertaMza) 12 de septiembre de 2018
Por último, este viernes 21 salió publicado en el Boletín Oficial el decreto Nª 1.565, con firma de Cornejo, donde instruye a la Asesoría de Gobierno a constituirse como querellante en distintas causas derivadas de los robos a distintos locales comerciales ocurridos en distintos departamentos, donde pareció haber "saqueos programados" en plena corrida cambiaria, más allá que desde el Gobierno evitan la palabra "saqueo".
Para esta serie de hechos, caratulados como robos o hurtos, hay cerca de 34 imputados.
Según puede leerse en el decreto publicado, "Mendoza resulta ofendida por dicho delito, resultando procedente y oportuno la constitución a través de Asesoría de Gobierno en querellante particular a fin de ser tenida como parte en la investigación y en tal carácter procurar acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados".
Desde el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, negaron que esta seguidilla tenga alguna explicación fuera de la lógica que indica que se presentan como querellante "cuando los intereses de la provincia resultan ofendidos".
Una buena costumbre
Una serie de casos resonantes en la que el Estado provincial ha estado presente como querellante ha sido la de los juicios por delitos de lesa humanidad sucedidos en Mendoza.
El último, el sexto proceso oral, obtuvo sentencia este jueves y dejó 18 condenas, 5 a prisión perpetua.
Sobre este VI juicio, el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, afirmó: "Creemos que debemos estar presentes en este tipo de debates. Ya en la gestión anterior existía esta postura y nosotros debemos continuar con este proceso".
Un caso extraño
Durante los primeros meses de la gestión de Cornejo hubo un tema inesperado que le trajo más de un dolor de cabeza: la situación deplorable del ex Zoológico provincial, ahora en proceso de reconvertirse en ecoparque.
En ese contexto, en mayo de 2016, apareció con sospechosas heridas la hipopótamo del paseo, incluso se habló de una posible herida de bala.
En aquel entonces, el Estado provincial decidió constituirse como querellante en la causa que, a finales de 2017, fue archivada dado que no se encontraron pericias de que haya existido delito alguno.
La sospecha era que los daños al animal fueron provocados intencionalmente.