El Senado aprobó la iniciativa que apunta a agilizar los procesos de recupero de casas desadjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Instituto Provincial de la Vivienda: sanción definitiva para la norma que agiliza los desalojos por mora o irregularidades.
La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que apunta a agilizar los procedimientos de recupero de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desadjudicadas por falta de pago, abandono o uso irregular. La norma fue aprobada sin el apoyo de los peronistas, quienes criticaron la iniciativa, al igual que en Diputados.
Este martes, el Senado aprobó la modificación de la normativa vigente (la Ley Nº 6.776, la Ley Nº 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia) para que el IPV cuente con herramientas jurídicas más ágiles para recuperar las unidades habitacionales de beneficiarios que incurran en irregularidades.
Entre las situaciones más frecuentes detectadas aparecen la mora persistente en el pago de las cuotas, el abandono de las viviendas y las cesiones a terceros. Estas conductas "desnaturalizan la finalidad social de las viviendas financiadas por el Estado", explicó el oficialismo.
El Interbloque Encuentro Mendocino, conformado por el Partido Justicialista y la Unión Mendocina, cuestionó el proyecto del oficialismo por "poner el foco sobre las familias adjudicatarias mientras evita discutir los privilegios y las irregularidades en el acceso a las viviendas sociales". Desde el bloque Frente Patria también se manifestaron en contra.
Durante el debate legislativo, el senador Mauricio Sat afirmó: “Estamos todos de acuerdo en que una vivienda debe recuperarse cuando fue alquilada, abandonada o utilizada indebidamente. Lo que no estamos discutiendo es cuándo una vivienda fue mal adjudicada. Y ese es el verdadero problema que el oficialismo se niega a abordar”. En ese sentido, recordó la iniciativa que presentó meses atrás para prohibir a funcionarios públicos y sus familiares inscribirse como postulantes de casas del IPV.
En tanto, el legislador Ariel Pringles advirtió sobre las consecuencias jurídicas que podría generar la norma: "Lo que estamos haciendo es habilitar que una familia pueda ser desalojada de una vivienda aun cuando la discusión sobre esa desadjudicación siga abierta en sede administrativa o judicial".
El IPV busca contar con mejores herramientas para desadjudicar y desalojar a los beneficiarios que no cumplieron con la ocupación efectiva de la vivienda. Si bien vienen realizando estos procesos, actualmente se encuentran con dificultades para recuperar la posesión del inmueble y reasignarlo a otra familia, argumentó el instituto. Las modificaciones jurídicas previstas en la iniciativa son:
De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Provincial de la Vivienda, de 600 procedimientos de desadjudicación iniciados, 513 fueron resueltos. En cuanto a las casas desadjudicadas (no recuperadas), se registraron 28: 16 casos por mora, 8 por mora y ocupación irregular y 4 por ocupación irregular.
El procedimiento de desadjudicación contempla diversas instancias previas antes de que el IPV retire una vivienda a un beneficiario. En primer lugar, el adjudicatario recibe al menos cuatro notificaciones para regularizar su situación. Si el incumplimiento persiste, se inicia formalmente el proceso de quita, durante el cual se realizan otros cuatro avisos adicionales.
Una vez emitido el acto administrativo que dispone la desadjudicación, el beneficiario todavía cuenta con una última posibilidad para revertir la medida: tiene un plazo de 15 días para presentarse ante el IPV y proponer un plan de pago o plantear una solución a la situación. Agotadas estas instancias, el instituto avanza con la recuperación de la casa.