Tras conocerse la inminente venta del predio al municipio de Luján, la querella de la causa encabezada por la Asociación Xumec presentó la semana pasada un reclamo reiterando el pedido de decomiso de bienes realizado en 2017, para que el Estado garantizara el resarcimiento a las víctimas, gastos de juicio y la preservación de pruebas que pudiesen solicitarse a partir de las declaraciones en el proceso judicial.
A su vez, el mismo día de la operación intimaron por medio de un escribano al intendente Omar De Marchi a no firmar la compra del inmueble. A pesar de ello la venta se llevó a cabo por un monto de 150 millones de pesos. El obispo Alberto Bochatey, apoderado de la asociación civil "Obra San José" dueña del edificio, justificó el hecho aduciendo a la crítica situación económica que atraviesan.
Aunque la transacción fue realizada, la fiscalía hizo lugar al pedido de no innovar, esto implica que el predio no se toque ni se realice ninguna modificación por parte del municipio, ya que podrían solicitarse pericias en el lugar en el marco del juicio que aún no ha comenzado y que incluiría nuevos testimonios.
Por otro lado, el pedido de decomiso de bienes fue enviado al juez de la causa y al Tribunal Colegiado Número Dos que deberá resolverse en los próximos días.
Respecto a la legalidad de la venta, el abogado querellante Sergio Salinas, explicó que "en principio no estaría prohibida, pero las consecuencias de vender algo en estado litigioso hace que la venta sea precaria, ahora el Estado puede pedir decomisar el bien".
Al ser consultado el municipio de Luján sobre esta resolución de la Justicia afirmaron que formalmente no han recibido ninguna notificación, por lo tanto no pueden expresarse al respecto hasta tanto no sean notificados.